Por tercera vez el Consejo Regional del Bío Bío rechazó la propuesta del conglomerado argentino-catalán Boldt para la instalación de un Casino de Juegos en la capital provincial de Ñuble.
Se trata de un proceso que no ha estado exento de la polémica producto de la tensión existente entre los abogados de las sociedades que compiten por adjudicarse la licitación, es decir Marina del Sol y Boldt; las órdenes judiciales para realizar nuevas votaciones y las amenazas de acciones legales.
Lo cierto es que durante este miércoles un total de 19 miembros del CORE votaron desfavorablemente para la instalación del Casino de Juego que lleva adelante la empresa Boldt en la comuna de Chillán.
Pese a ello se cree que la licencia de operación podría empezar a destrabarse, así lo estimó Renato Hamel, superintendente de Casinos y Juegos.
Según consignó a Espectador Digital, “los procesos de otorgamiento tienen varias etapas que están previstas por la ley y los reglamentos”. Si bien pasa por la presentación de proyectos de los interesados, además de la evaluación en etapas de éstos. Luego de ello es “la Superintendencia que en un rol de coordinación recolecta los puntos y prepara un informe de propuesta que va al Consejo Resolutivo de la Superintendencia pero que es un ente externo presidido por el subsecretario de Hacienda, la subsecretaria de Turismo, el superintendente de Valores y Seguros, el intendente regional y dos consejeros independientes propuestos por la Presidenta en acuerdo con el Senado”, aseguró al medio web.
Respecto a la votación llevada a cabo este miércoles, el GORE deberá oficiar a la Superintendencia respecto a su decisión, incluyendo el fundamento de ésta.
Judicialización del proceso
Si bien el superintendente apuntó al derecho de las partes participantes a recurrir a este paso en caso de verificar un trato desigual o irregularidades, pese a ello aseguró no tener memoria de una votación realizada en tres ocasiones por un mismo caso.
Respecto a un presunto entramado político que se haya inmiscuido en el proceso de licitación en curso, Hamel negó la idea, indicando que “yo descartaría de plano que hubieran motivaciones políticas al interior de la Superintendencia”.
