Severas fueron las observaciones que hicieron llegar los actores de la industria a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), respecto al nuevo reglamento que establece los parámetros para entregar los permisos de la operación de las salas de juego en todo en país.
Desde acusaciones de discriminación hasta que la SCJ excede sus atribuciones, son algunas de las críticas que operadores como Dreams, Monticello, Enjoy y Marina del Sol, entre otros, hicieron llegar al organismo mediante el proceso de consulta pública.
Particularmente la cadena de casinos Enjoy fue la que alertó de forma más explícita sobre las consecuencias para la industria de poner en marcha el reglamento tal y como está pensado hoy. En su escrito la empresa acusa que en cuanto a plazos de presentación de informe establece límites al margen de la ley sin mayor justificación y “el hecho que para los procesos de renovación de los permisos en actual operación, no se consideren las inversiones efectuadas a objeto de obtener puntaje; que ya no exista preferencia en favor de los operadores incumbentes; y que se les haya subido los impuestos agregando la oferta económica en favor de la municipalidad, constituye una alteración a las reglas de inversión definidas para la industria y que podría perjudicar seriamente el patrimonio e intereses de estas Compañías”.
Enjoy en un planteamiento aún más duro dice que, la indicación que permite a la SCJ acumular cada cuatro meses las solicitudes de licencias antes de someterlas a resolución del consejo, “ va a producir un daño al negocio, el cual requiere mayor flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones y otorgamiento de autorizaciones. Los últimos 2 años, han sido particularmente negativos en este aspecto, dada la falta de reuniones del Consejo Resolutivo y ausencia de decisiones frente a las peticiones presentadas a la autoridad”.
San Francisco Investment, que actualmente opera el casino Monticello, centró sus objeciones hacia el trato “discriminatorio” respecto de la valoración de la inversión de los nuevos entrantes y los operadores que ya están en las regiones. La empresa indica que el reglamento “no considera, para efectos de la evaluación técnica de las ofertas presentadas, la infraestructura e inversiones efectuadas por los actuales operadores”. Así la compañía acota que la norma “no apunta al bien común y es claramente ineficiente, pues los actuales operadores, para optar a la renovación, deberán soportar la carga de invertir montos equivalentes a un casino que ya se encuentra construido, a fin de aspirar igualar a los desafiantes en el ítem de inversión”.
El operador además acusa que las exigencias documentales impedirían la entrada de actores extranjeros. En este sentido se explica que se “establecen exigencias que podrían constituir una barrera que limita arbitrariamente la participación de interesados que forman parte de conglomerados empresariales extranjeros, produciendo un efecto perverso de desincentivo a la participación de conglomerados de gran tamaño en esta industria”.
Dreams coincide en que “el monto de la inversión que se exija será crítico en la presentación de los proyectos si no se considera la inversión en infraestructura que ha realizado con anterioridad el operador que pretende la renovación de su permiso”, considerando que tal como está el reglamento “obligaría al renovarte a comprometer una inversión igual al 60% de aquella de mayor cuantía que propongan sus competidores”.
Uno de los parámetros a evaluar de la SCJ será el monto de inversión total del proyecto, que incluso podría considerar el valor de los terrenos. En este punto Marina del Sol plantea, que dado que el valor de avalúo fiscal no concuerda con el valor comercial, “realizar tasaciones o usar los valores de adquisición reajustados”.
El consorcio español- argentino Boldt-Peralada que controla el casino de Ovalle, también tuvo reparos respecto a la las diferencias entre los operadores actuales y los entrantes asegurando que “la sociedad que se encuentra postulando a la renovación de su permiso de operación debiese ser evaluada al igual que cualquier postulante, garantizando con ello la igualdad ante la ley, no siendo posible dar por cumplidos los requisitos para ello. La redacción actual otorga una ventaja excesiva a los operadores preexistentes versus los nuevos postulantes”.
Fuente: pulso.cl
