En una reunión mantenida ayer entre la Administración andaluza en la provincia de Granada con la ONCE, SMC-UGT y UTO se puso de manifiesto la voluntad para luchar conjuntamente contra una actividad ilegal que provoca un grave impacto negativo en los planos económicos y social.
La venta de cupones es una de las actividades del juego ilegal más importante de la provincia de Granada, según se puso de manifiesto durante la reunión mantenida entre el Emilio López y Miriam Molina, Jefe de Servicio de Juego y Jefa del Departamento de Inspección y Sanciones de la Junta de Andalucía en Granada, respectivamente, Alberto Morilla, Delegado Provincial de la ONCE en Granada, Francisco Zara, Secretario General de SMC-UGT Granada, Francisco Acosta, responsable de UTO-UGT de Granada, Manuel Justo, secretario sectorial de juego de SMC-UGT Andalucía, e Indalecio Valenzuela, Jefe de Policía de la Brigada de Juego.
Esta actividad ilegal, promovida por algunas asociaciones, y muchas veces publicitadas como juego de la ONCE, afecta negativamente no sólo a la recaudación de ésta, lo que repercute en los servicios sociales que presta a las personas con discapacidad asociadas a la Organización Nacional, sino también por el impacto fiscal en las cuentas de la Junta de Andalucía, y la degradación de las condiciones laborales de las personas que comercializan en la calle estos juegos ilegales.
Desde la UGT se destacó la explotación laboral a la que están sometidos estos trabajadores, puesto que no existen condiciones de trabajo regladas. También se señaló que las cuentas de la Once y de la Administración Autonómica se ven privadas de unos ingresos que de ser recaudados como juego legal elevarían considerablemente la cobertura de prestaciones sociales tanto dentro de la ONCE como de la Administración.
Todos los participantes coincidieron en la necesidad de unir nuestros esfuerzos para luchar contra esta lacra del juego ilegal y para ello se ha acordado medidas como una mayor coordinación entre todos los organismos afectados, para que cruzando información se sea más eficaces; se acordó igualmente reunirse de forma periódica para hacer balance de las medidas adoptadas y de la eficacia de las mismas o toma de nuevas acciones para mayor éxito de las mismas.
En el frente laboral, se fijó solicitar la implicación de la Inspección de Trabajo para que de forma coordinada con los distintos agentes públicos y sociales se sumen las denuncias del ámbito laboral a la de los cuerpos de seguridad.
En relación a las dificultades que encuentran los cuerpos de seguridad del Estado para conseguir por parte de la autoridad judicial las órdenes para acceder a domicilios donde se promueva u organice el juego ilegal, los asistentes se comprometieron en analizar dicha contingencia y buscar soluciones.
Por su parte, la UGT se comprometió a realizar acciones informativas entre los más de 200.000 afiliados del Sindicato en Andalucía para concienciar sobre los perjuicios del juego ilegal, la conveniencia de elegir la compra de los cupones de la ONCE respecto a los otros cupones ilegales así como facilitar un número de teléfono donde comunicar la existencia de actividad de juego en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Y de cara a la sociedad en general, los participantes acordaron trasladar las repercusiones negativas de adquirir o consumir juego ilegal en cualquiera de las modalidades que se ofertan, especialmente por el fraude fiscal que se origina a la hacienda pública.
Por último, se valoró positivamente la actividad de la Brigada de Policía de Juego adscrita a la Junta de Andalucía así como la tarea de los funcionarios de juego de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada para combatir esta ilegal actividad, que afecta al juego reglado de casinos, bingos, y ONCE.
