Un aspecto crítico de esta problemática radica en las máquinas electrónicas, donde Coljuegos reveló que existen 104.017 máquinas autorizadas en todo el país. Sin embargo, más de 90.000 no están bajo el escrutinio de las autoridades y operan al margen de estas regulaciones.
Para abordar esta situación, se ha propuesto una resolución con el objetivo de regularizar la situación de estas máquinas y, en consecuencia, combatir la ilegalidad. Marco Emilio Hincapié, director de Coljuegos, indicó que la propuesta incluye la invitación a los propietarios de casinos a solicitar los permisos necesarios para operar legalmente. Además, se destaca que los recursos obtenidos de estas operaciones pueden contribuir significativamente a las necesidades de salud del país.
«Cuando se necesitan recursos para la salud, allí está el dinero y es nuestra responsabilidad combatir la ilegalidad. Entonces la invitación es para que soliciten los permisos para que puedan ejercer, porque en una operación en la que se incautaron televisores y computadores, su destino, por ley, es destruirlos«, dijo el presidente de Coljuegos. Solo en 2023, se transfirieron $180 mil millones a los fondos de salud; $ 567 mil millones, a Adres; $ 54 mil millones, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y $ 42 mil millones, al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Para un total de 845.465 millones de pesos aportados a la salud. Con esta normativa se establecen pautas específicas para la operación de juegos de azar, especialmente en lo que respecta a las llamadas máquinas electrónicas tragamonedas (METS).
«Esa resolución nos va a dar un gran avance. Estamos pronto a que quede firmes para que así se vengan las personas y comiencen a legalizar sus procesos y de esa manera combatir esa evasión«, añadió el presidente Hincapié.
La regulación
Según el artículo segundo estas disposiciones aplican a personas jurídicas a nivel nacional que actualmente estén operando elementos de juego sin la debida autorización de Coljuegos. Además, se enfocan en garantizar que los operadores cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 1068 de 2015, incluyendo la certificación de su calidad como persona jurídica.
La Resolución detalla el proceso de postulación y concesión mínima de elementos de juego por contrato. Se destaca que los concesionarios que operen en locales cuya actividad comercial principal difiere de los juegos de suerte y azar deben operar un mínimo de ochenta (80) máquinas electrónicas tragamonedas.
En local donde funcionaba la famosa piscina en Bogotá la Policía encontró casino ilegal). Las actividades comerciales o de servicios compatibles, según el Artículo 5, abarcan aquellas clasificadas como actividades de juegos de azar y apuestas, así como las actividades recreativas y de esparcimiento. Se establece un rango de uno (1) a cuatro (4) elementos de juego por local autorizado, dependiendo del censo proyectado del DANE para el momento de la autorización. El Artículo 7 establece un periodo de implementación de doce (12) meses, durante los cuales los operadores deben adecuar operativa, técnica y comercialmente la operación de este nuevo esquema. Coljuegos tiene la facultad de prorrogar este plazo a solicitud de parte y con una justificación motivada.
La resolución también aborda la tenencia de elementos de juego, especificando que la persona jurídica debe acreditar la propiedad de los elementos en la solicitud de autorización. Además, se detallan los tipos de elementos de juego, sus requerimientos técnicos y características especiales, de acuerdo con la normativa vigente. En relación con los premios, el Artículo 11 establece límites y condiciones, asegurando un retorno mínimo del 82.5% para los jugadores. Se detalla el tratamiento de créditos devueltos no redimidos, considerando el valor y la prescripción.
Las secciones finales de la Resolución abordan aspectos como la identificación de fabricantes de software y elementos de juego, medios de pago, validaciones de mayoría de edad, publicidad responsable, y requisitos financieros, incluyendo el pago inicial para la operación. Aunque la resolución se encuentra actualmente en la etapa de revisión, se espera que, una vez aprobada, represente un avance significativo en la lucha contra la ilegalidad en el sector de los juegos de azar.
