La decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de dar de baja el convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que desde 2002 auditaba el funcionamiento y la recaudación de las máquinas tragamonedas instaladas en la provincia, desató una serie de acusaciones cruzadas que volvieron a poner bajo sospecha el sistema de control de los 46 bingos y 11 casinos bonaerenses: un negocio de $ 10.000 millones en 2015, sobre el que la provincia recibe el 46 por ciento.
La respuesta de López fue enérgica. A través de un comunicado, tildó de «inoperante» y «sospechosamente oneroso» el convenio con la UNLP. «El trabajo que esta entidad realizaba no representaba control ni era de sustento para el verdadero trabajo que se debe realizar en el control de las tragamonedas», señaló. Resaltó que, sólo en 2015, la provincia había pagado $ 36 millones a la universidad platense.
«Dimos de baja el convenio porque era un trabajo que no necesitábamos. Nadie leía los informes de la UNLP porque no servían para saber si las máquinas funcionaban bien o mal», dijo López a LA NACION. Defendió, además, los cambios en su gestión: «Antes se avisaba a los bingos cuándo iban a ser inspeccionados. No tenía sentido. Desde el 10 de diciembre hicimos 57 inspecciones sin aviso, detectamos irregularidades de todo tipo y eso ya se está viendo en el win (ingresos) de las tragamonedas, que empezó a aumentar». LA NACION no tuvo respuesta cuando pidió precisiones de ese aumento.
López negó que la provincia vuelva a contratar a terceros para que auditen el sistema. «Va a haber una auditoría interna de tres personas. Nada más: no vamos a tirar plata que se necesita en hospitales. La recaudación está aumentando y, a la vez, estamos ahorrando cientos de millones de pesos», completó.
Ése es uno de los puntos más cuestionados por la universidad. Gabriel Lamanna, vocero del laboratorio (Linti) de la UNLP que articulaba el convenio, señaló que se disponía de 200 profesionales «altamente calificados» para hacer los controles. «No hay manera que en unos días hayan capacitado a otro equipo», dijo.
«Desde que el Linti empezó a auditar el sistema, en 2002, la recaudación creció un 7000%. Ganamos prestigio nacional e internacional y eso nos llevó a ser contratados por otras provincias. Pero la universidad no puede difundir sus auditorías porque existe un acuerdo de confidencialidad con el IPCyL. Tampoco podíamos corregir los errores que detectamos: era facultad de la provincia», agregó.
Las críticas de López generaron malestar entre las autoridades de la UNLP, donde la baja del convenio se lee en términos políticos, por el apoyo que la institución dio a Daniel Scioli durante la campaña.
LA NACION consultó a diversos actores del juego que, bajo reserva y salvando algunas diferencias, terminaron validando las posiciones de López y de la UNLP: esto es, el sistema para controlar las tragamonedas no era efectivo y el funcionario de Vidal no pudo haber armado otro en cuatro meses.
En la misma línea se expresó el ex diputado Walter Martello, crítico del juego bonaerense. «El contrato con la UNLP era caro y no mostraba resultados. Casi que les servía más a los bingueros para decir, en los congresos, que una universidad los controlaba. Ahora, si López tiene razón, ¿qué va a hacer? ¿Nadie va a controlar que su sistema de control funcione?».
Fuente: lanacion.com.ar
