Tras de cierre de salas de juego y caídas de licitaciones sospechosas, el gobierno ya comenzó el proceso para cerrar el casino del Hotel Intercontinental, cuyo quiebra terminó con una deuda de $100 millones de Ingresos Brutos. Cornejo y la saludable decisión de hacer respetar las leyes y los contratos, más allá de los nombres involucrados en el negocio.
Luego de comunicar hace una semana que no renovará las concesiones de tres salas en los departamentos, ya inició el trámite para ordenar el cierre del casino del Hotel Intercontinental que funciona, como consecuencia de una deuda impositiva millonaria, de manera irregular desde hace años.
No habrá que esperar mucho tiempo. Será quizás cuestión de semanas, pero la decisión ya está tomada en el ministerio de Hacienda.
KLP Entretenimientos, la empresa concesionara del casino del Hotel Intercontinental que inició hace casi dos años su proceso de quiebra, tiene atrasos del pago de Ingresos Brutos que rondaban los $26 millones, aunque se supo que esa cifra es mucho mayor.
Por decreto 225, artículo 5 del IPJyC, se estableció que están inhabilitadas para desempeñarse como operadores de los establecimientos de juego las personas sometidas a proceso judicial de concurso preventivo o quiebra.
Sin embargo hasta aquí los sucesivos gobiernos desoyeron la normativa.
El Intercontinental entró en convocatoria de acreedores en 2014 y el ex titular del Instituto de Juegos y Casinos (IPJyC), Carlos Bianchnelli, apeló en aquél momento a una extraña interpretación para permitir que siga funcionando.
Más allá de lo que establece la normativa, permitió que el casino siguiera funcionando al argumentar que el decreto 225 establecía las inhabilidades para adquirir la licencia, pero que no hablaba de que una empresa que ya cuenta con la misma la perdiera al entrar en concurso.
El casino del Intercontinental hoy está al día con el pago de Ingresos Brutos, producto de un plan de pagos de la deuda que pactó en 12 cuotas en agosto pasado.
Pero dejó sin pagar una deuda de $100.000.000 que quedó abarcada por la quiebra.
El respeto por los contratos.
El cierre del KLP se suma a otras medidas ya tomadas en torno al juego. La semana pasada se informó que no se renovarán las concesiones de las saladas del Instituto en Eugenio Bustos, La Consulta y Uspallata y en mayo se conoció que se daba de baja a una controvertida licitación para el control con line de las máquinas tragamonedas. Ambas decisiones, rozaron a empresarios poderosos.
El casino de Uspallata estaba regenteado por el presidente de Boca y hombre cercano a Mauricio Macri, Alfredo Angelicci, fue sujeto de todo tipo de denuncias e irregularidades en estos últimos tiempos.
SIELCOM, la empresa vinculada a Alfredo Vila que apunto a quedarse con el control de las tragamonedas, también.
La empresa activó el año pasado una irregular transferencia a un fideicomiso del contrato que había hecho con el Estado, maniobra que se realizó sin la autorización del Instituto de juegos.
Se detecta en estas decisiones una saludable actitud de Cornejo: hacer respetar las leyes y los contratos firmados más allá de que en el negocio estén involucrados empresarios importantes.
Lo que sucedió con Omar Alvarez es otro ejemplo. El sanrafaelino apostó por el negocio de la construcción de una cárcel por U$S 90 millones a través de un proyecto presentado a través de un mecanismo legal que no existe como es el de iniciativa privada.
Una revisión de último momento antes de la sanción definitiva de la norma en la Cámara Alta del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay y del senador radical Juan Carlos Jaliff, impidió el papelón jurídico.
En no mucho tiempo más, los nombres de más empresarios serán noticia en relación a sus contratos con el Estado.
El Gobierno está a punto de resolver qué hacer con el futuro de las áreas petroleras que están concesionadas desde hace años a Cristóbal López y a empresas vinculadas a José Luis Manzano que están sujetas a revisión por la ya comprobada falta de inversión.
El futuro en la provincia en el negocio del petróleo del dueño de Indalo demorará algunos meses más en conocerse. Pero seguramente en semanas se conocerá que hará Cornejo con la concesión de Chaneares Herrados, hoy en manos de Medanito SA, él área en la que participa Manzano y por cuyo trámite de concesión fue imputado por la Justicia el ex gobernador Francisco Pérez, entre otros
La Justicia investiga si Chaneares Herrados o bien falseó o bien ocultó información para poder quedarse con el negocio en el año 2010, luego de haber detectado irregularidades que van desde balances económicos y financieros dibujados que además no estaban certificados, correspondientes a los ejercicios que van desde el 2005 al 2009, y que eran previos a la firma de la prórroga.
Asimismo mintió acerca de las reservas posibles en el área, a las que estableció en 12 millones de metros cúbicos La clave para entener por qué mientras que una auditoría encargada por el propio Estado mendocino a una empresa de EE. UU solo tres años después, estableció que las reservas de petróleo en Chaneares Herrados apenas si llegaban a los 1,2 millones de metros cúbicos.
La inversión prometida por la empresa fue de 1.103 millones de dólares que prometía en un decenio para aumentar la producción de petróleo en la zona. Sin embargo en el período que va del 2011 al 2014, la empresa nunca cumplió con sus promesas de inversión y de los 58 pozos que explotaba al momento de la prórroga, entregó la misma cantidad al firmarse la venta a la empresa Medanito.
De los U$S 412 que se deberían haber invertido durante los primeros cinco años que vencieron en diciembre pasado, en Chaneares Herrados solo se invirtieron en trabajos de explotación y explotación U$S 88 millones sin que el Estado provincial haya operado para la quita de la concesión.
Desde febrero que el gobierno de Alfredo Cornejo viene intimando a Medanito por escrito por la falta comprobada de inversiones y en poco tiempo más se resolverá que hacer.
Fuente: mdzol.com
