Al menos 15 personas fueron detenidas hoy por la Policía brasileña, acusadas de integrar una mafia de apuestas ilegales en Río de Janeiro que facturaba alrededor de 10 millones de reales (unos 2,6 millones de dólares) al mes, informaron fuentes oficiales.
Decenas de agentes de la Policía Civil, con apoyo de la Fiscalía, fueron movilizados en el municipio de Sao Gonçalo, en la región metropolitana de Río, para cumplir 23 órdenes de captura y 35 de registro, según fuentes de ese organismo.
Entre los objetivos del operativo figuran los jefes de la banda, los hermanos Luis Anderson y Alexandre de Azeredo Coutinho, y varios agentes, tanto activos como jubilados, de las Policías Civil y Militarizada.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización tenía por objetivo «corromper funcionarios públicos, especialmente de los cuerpos de seguridad», para poder desarrollar sin dificultades el denominado «Jogo do Bicho» (juego del animal), en el que se apuesta a pequeñas figuras, entre otros juegos de azar ilegales.
Según la denuncia, la mafia actuaba gracias al trabajo de al menos once policías o expolicías corruptos, quienes «garantizaban, mediante el cobro de sobornos, la omisión de las instituciones públicas» a la hora de perseguir esta actividad ilícita.
La organización, cuya matriarca, conocida como Doña Renee, falleció en el transcurso de las investigaciones, contaba con un Departamento de Contabilidad y hasta ofrecía «planes de salud a sus trabajadores», apuntó la Fiscalía.
Los sospechosos responderán ante la Justicia por los delitos de organización criminal y estafa.
En Brasil, los juegos de azar están prohibidos desde la promulgación en 1946 de un decreto firmado por el entonces presidente Eurico Gaspar Dutra, que los consideró una práctica contraria a la «tradición moral, jurídica y religiosa del pueblo brasileño».
En la actualidad, el Congreso brasileño analiza dos proyectos de ley para liberar definitivamente la explotación de los mismos.
Los partidarios por su legalización señalan que la apertura de casinos en el país generaría unos ingresos para los Gobiernos regionales que se calculan en unos 25.000 millones de reales (unos 6.500 millones de dólares) anuales.
Fuente: eleconomista.es
