José Vall, presidente del Grupo Valisa

Celebrada la Asamblea General de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juegos y Recreativos (ANESAR), la asociación alerta del cierre de establecimientos de juego en los últimos años como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, las recientes regulaciones y la subida general de costes como el de la electricidad (más de un 150%) o los combustibles.

Todo ello se ve reflejado en el volumen de facturación de los salones de juego, que se sitúa actualmente en un 18%, por debajo de los niveles prepandemia. En palabras de José Vall, presidente de ANESAR, “la subida de los costes está haciendo que las cuentas de nuestras empresas sean cada vez peores. Las empresas deben afrontar grandes inversiones de adaptación de sus locales en sistemas de acceso o seguridad, y nuestros clientes también sufren las consecuencias del incremento de costes, como la cesta de la compra, combustibles o hipotecas, con lo que la ecuación es clara. Llevamos tres años desastrosos y la capacidad de aguante está más que comprometida.”

La asociación subraya que todas las Comunidades Autónomas están sufriendo las consecuencias: en las Islas Baleares, casi 40 salas de juego y casas de apuestas han cerrado sus puertas desde 2019. En el juego presencial privado, según la Memoria del Juego en Navarra 2021, en Navarra se jugaron 120 millones de euros menos que en 2019, y, en la Comunidad Valenciana, el descenso se sitúa en un porcentaje superior al 23%. En la Comunidad de Madrid, el descenso de máquinas instaladas en los salones es superior al 25% desde el año 2019, y hasta un 15% de salones de juego podrían haber cerrado sus puertas.

ANESAR considera inaceptable que se ponga en riesgo de tal modo el trabajo de los miles de trabajadores del sector del juego privado, que no hacen sino cumplir con su función con los más altos estándares éticos y profesionales, y reclama respeto por su labor. La asociación pone énfasis en las desproporcionadas penalizaciones que se imponen a la actividad del sector del juego a través de medidas que en muchas ocasiones “buscan el cierre de los establecimientos y la pérdida de los puestos de trabajo bajo el pretexto de proteger a los colectivos vulnerables”.

A las medidas legislativas por parte de las diferentes autonomías se suman tanto las restricciones causadas por la COVID-19, que han debilitado enormemente la industria del juego privado y los empleos del sector, como la subida generalizada de precios, que contribuye en gran medida al empeoramiento de su actividad.