La cifra de aragoneses que se autoprohíben el acceso a salones de juego se dispara. Desde enero de 2022 a la actualidad, ha pasado de 4.000 a 7.300. Entre los que acuden directamente a la comisaría de Zaragoza, casi el 75% son jóvenes de 18 a 25 años.

Se confirma, con ello, que la ludopatía en una enfermedad que se debe afrontar con dureza, y que va en aumento. Así lo refleja el último Observatorio Español de Drogas y Adicciones, que revela que el porcentaje de personas entre 15 y 64 años que ha jugado en los últimos doce meses es el 64% y uno de cada cuatro menores de 18 años ha apostado por dinero.

En este complejo escenario se ultima en las Cortes la nueva ley del juego, una norma que pretende compaginar la actividad y la seguridad jurídica de un sector económico legal con la protección de colectivos vulnerables como los jóvenes y las personas que presenten adicción al juego.

Con la nueva regulación, que se pretende votar la próxima semana en pleno, se adapta el control del juego presencial a una realidad que ha cambiado, y mucho, en los 21 últimos años. Introduce, para ello, 23 modificaciones en la ley 2/2000, de 28 de junio, y se han admitido en su tramitación 71 enmiendas, de las 168 que los grupos parlamentarios presentaron.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto de ley es la prohibición de abrir o ampliar instalaciones a menos de 500 metros a pie desde la entrada del local a centros educativos y establecimientos de ocio y tiempo libre para menores y jóvenes.

La Comunidad tiene competencia en materia de juego, apuestas y casino, y se fija, por ello, como objetivo evitar reclamos y que resulte complicado a la población sensible el acceso.

Del cumplimiento de la norma actual se encarga la Unidad de Policía adscrita a la comunidad autónoma de Aragón, desde la que reconocen que los tiempos han cambiado y es necesario actualizar la ley del juego. Los agentes levantan actas cuando detectan infracciones, realizan la investigación y las sanciones se cursan desde la unidad del juego. Vigilan, entre otras cosas, que en la publicidad no se incluyan ni cantidades económicas ni facilidad para acceder a los premios. El proyecto de ley restringe la publicidad, y prohíbe toda forma de promoción y patrocinio de actividades que inciten al juego. Veta, también, que las empresas realicen actividades de captación y de fidelización de clientes.

Lo que más les preocupa es el acceso de autoprohibidos, y que se conceda dinero en efectivo a partir de la tarjeta de crédito. Dos prácticas que como recuerda el inspector, jefe del grupo de juego de Zaragoza, se continúan dando.

A veces tienen noticia de la infracción porque es el autoprohibido quien acude a comisaría. «Levantamos acta por unos hechos que pueden ser constitutivos de delito», explica. Es un tipo de caso que les preocupa «mucho». «No se ha hecho el control de acceso y puede ser grave si ha podido conseguir efectivo con la tarjeta y se ha gastado mucho dinero», detalla. La nueva regulación reforzará la seguridad jurídica en cuanto a la prohibición de sacar dinero en efectivo con la tarjeta de crédito en la TPV del local, al considerarse que se trata de una práctica que «incentiva de forma grave el hábito del juego».

Con la nueva ley se obligará a los locales a disponer de un servicio de control de acceso y registro de visitantes en una puerta de acceso. Cada cliente deberá mostrar el DNI y con ello se constará si es menor de edad o está en el fichero de autoprohibidos, que se tienen que decargar a diario pues se va actualizando.

En las máquinas tragaperras, las B1, se vetará el uso de estímulos sonoros, visuales o lumínicos. También se reforzará el aumento de las actuaciones inspectoras y los programas de prevención de la ludopatía. Una comisión técnica, integrada por Sanidad, Educación, Derechos Sociales y Presidencia, coordinarán las políticas de juego. Todo, si los diputados deciden que la nueva norma salga adelante.

Fuente: heraldo.es