En el negocio del juego, Cristóbal López “fue”, dicen en el Gobierno. Esto es: ya salió, a través de la venta de su parte, del Hipódromo de Palermo y los casinos de Puerto Madero. Y los actuales dueños ya se alinean con los reclamos oficiales. Sólo falta un punto, coinciden funcionarios y empresarios privados: acordar el pago de impuestos.
El 10 de junio Clarín adelantó que López había vendido su negocio del juego a su histórico socio, Ricardo Benedicto. La operación incluyó la participación del empresario K en los tragamonedas del Hipódromo, los casinos flotantes del puerto de Buenos Aires, bingos, casinos en Rosario, Neuquén y Mendoza, además de un casino en EE.UU.
“La venta de la parte de López en el juego está aún para ser aprobada por Defensa de la Competencia, pero para nosotros ya es un hecho, ya se concretó”, dicen en la Casa Rosada. Fabián Rodríguez Simón es el abogado que sigue el caso día a día por encargo del propio Presidente. “Así es, López ya no está en las sociedades”, dicen quienes fueron hasta hace un mes los socios del patagónico.
El segundo punto en debate es cómo se alinean los nuevos propietarios a los requerimientos del Gobierno. Por un lado está Benedicto, que pasó a ser socio mayoritario de Casino Club, que maneja los casinos que fueran propiedad del propio López. Del otro, HAPSA, la concesionaria del Hipódromo, comandada por Federico de Achával. En los tragamonedas de Palermo, APSA es mayoritaria. En el resto de los negocios, Casinos es controlante. “Ya aceptaron las verificaciones de la Ciudad”, dicen desde el Gobierno. Los privados lo confirman: “Ya están entrando los inspectores de salubridad y sanidad a hacer las verificaciones del caso”.
A principios de junio, un decreto de Macri traspasó a la Ciudad el manejo de los juegos de azar que controla Lotería Nacional. “Pero por el momento los controles específicos los sigue haciendo Lotería”, dicen los empresarios del juego.
López tuvo una relación muy estrecha con Néstor Kirchner, quien le prorrogó por 30 años la licencia de tragamonedas en el Hipódromo horas antes de dejar la Casa Rosada. Hoy es investigado por lavado de dinero y su asociación con Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Además del reclamo de la AFIP por $ 8.000 millones de impuestos a los combustibles, que no pagó, para financiar sus empresas. Basado en ese sustento político, además, el empresario había rechazado todo tipo de injerencia del gobierno porteño que encabezaba Mauricio Macri en su negocio. La Ciudad le reclamó por años que debía pagar Ingresos Brutos: el reclamo porteño suma unos $ 4.000 millones, según trascendió.
“Sobre ese tema, el de Ingresos Brutos, también se está avanzando -dicen en la Rosada-. No hay acuerdo aún, pero lo habrá en un tiempo no demasiado largo”. “Se está negociando, es cierto, pero no hay nada cerrado”, retrucan los privados.
Fuente: clarin.com
