Este jueves, y tras varios meses de tramitación, las Cortes de Aragón aprobarán la nueva Ley del Juego.
Una norma que reemplazará a la actual, del año 2000, y que incidirá especialmente en la protección de la población joven y vulnerable frente a posibles adicciones al juego. Por ejemplo, con la prohibición expresa de «abrir o ampliar» locales a menos de 500 metros a pie de centros educativos.
La ley también recoge la prohibición de sacar dinero en efectivo desde las máquinas TPV con tarjeta, una iniciativa muy criticada desde el sector del juego y que intenta resolver algunas de las dudas jurídicas de la ley del año 2000, que ya hablaba, aunque de forma ambigua, sobre la gravedad de esta infracción.
LAS MÁQUINAS TRAGAPERRAS
Otro de los puntos más polémicos de la nueva norma concierne a las máquinas tragaperras habilitadas en servicios hosteleros. La ley busca garantizar a los usuarios autodenunciados en el Rejup (Registro del Juego de Prohibidos de Aragón) que no puedan usar este tipo de máquinas, que deberán contener, además de mensajes informativos, un «autotest» previo a la partida de juego, para que el jugador responda sobre su edad y sobre su «comportamiento responsable».
No obstante, la propia norma afirma que «se demora» el régimen sancionador en esta materia hasta la aprobación de la correspondiente Orden «que fije las condiciones que garanticen su efectividad».
Del mismo modo, estas máquinas quedarán desde la aprobación de esta ley en situación administrativa de «a extinguir», y los nuevos modelos que se homologuen deberán adecuarse a lo dispuesto en esta ley, en un plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor. Las tragaperras tampoco podrán emitir señales lumínicas o sonoras mientras no estén siendo usadas, y los establecimientos hosteleros no podrán habilitar «terminales de apuestas deportivas, de competición o de otra índole».
Por último, también se va a crear una «comisión técnica de coordinación interdepartamental», que implicará a varias consejerías, para mejorar y continuar con las políticas de protección de los jóvenes, una de las prioridades de la nueva ley.
Fuente: aragondigital.es
