La Florida pudiera estar en medio de uno de los mayores casos de fraude electoral de la historia reciente. En todo el estado, supervisores electorales dicen que han recibido miles de formularios de petición fraudulentos en apoyo de una enmienda constitucional para ampliar los juegos de azar en los casinos en el estado.
Aunque los formularios deben reflejar a ciudadanos que apoyan o un cambio en la Constitución estatal, muchos tienen nombres de fallecidos o firmas falsificadas.
La campaña de petición está financiada por Las Vegas Sands, cuyo difunto propietario, Sheldon Adelson, fue un importante donante del gobernador Ron DeSantis y del Partido Republicano del estado. Miriam Adelson, la viuda de Sheldon Adelson, tiene una participación mayoritaria en la empresa. Las Vegas Sands ha gastado $49.5 millones para tratar de incluir en la boleta de noviembre una enmienda que permitiría convertir las salas de juego de la Florida en casinos al estilo Las Vegas.
El número de peticiones sospechosas o difíciles de verificar ha sepultado a los supervisores electorales de los condados y a su personal tratando de clasificarlas. En un caso, el supervisor electoral del Condado Marion, Wesley Wilcox, descubrió que tanto su firma como la de su esposa habían sido falsificadas en los formularios de petición.
Los opositores a la medida también acusaron a los organizadores de alimentar su esfuerzo pagando a los recolectores de peticiones por cada firma, en lugar de por hora trabajada. DeSantis presionó a la Legislatura para que esto fuera ilegal en 2019. La actividad de las peticiones llamó la atención de la secretaria de Estado Laurel Lee el año pasado. En una carta del 3 de diciembre, su oficina remitió las denuncias de peticiones fraudulentas de seis supervisores electorales de condados a la procuradora general Ashley Moody, advirtiéndole que no esperara una investigación penal para frenar “actos fraudulentos adicionales contra los votantes”.
El comité creado para llevar la propuesta de enmienda a la boleta es el Florida Voters in Charge.
“La idea de que nuestro comité presente a propósito peticiones fraudulentas es ridícula”, dijo Jim McKee, el abogado del comité. “Esto no ayudaría a nuestro esfuerzo de ninguna forma”.
Señaló que la ley estatal les obliga a presentar cada petición que reciben, y no se les permite examinar esas peticiones.
EL GRAN DEBATE
“Cada petición identifica a la persona que la recolectó y animamos a las fuerzas del orden a investigar cualquier petición que les preocupe”, dijo McKee en un comunicado.
El fraude electoral ha sido un estribillo popular entre los republicanos y DeSantis, quien ha estado bajo la presión de algunos miembros en su partido para auditar las elecciones de la Florida en 2020. DeSantis se ha resistido, y en su lugar pidió penas más duras para algunas formas de fraude electoral, la creación de una unidad de 52 personas para investigar esos delitos y la prohibición de los buzones de boletas para el voto por correo.
DeSantis no ha hecho mucha mención pública de este presunto fraude, aunque su administración está al tanto del asunto.
CIENTOS DE PETICIONES SOSPECHOSAS
La carta de tres páginas de Lee, redactada por el asesor legal general adjunto, indica que cientos de peticiones presentadas por más de una docena de recolectores de peticiones en todo el estado entre el 14 de octubre y el 1 de diciembre del año pasado son sospechosas de ser falsas. (La carta no especificaba qué peticiones son sospechosas de ser fraudulentas, pero los supervisores dijeron que la enmienda sobre los juegos de azar en casinos es la fuente de la actividad sospechosa).
La carta señalaba una estipulación de la ley estatal que permitiría a la procuradora general frenar el supuesto fraude sin tener que esperar a que las fuerzas del orden establezcan un caso penal.
La ley estatal sobre iniciativas permite a la secretario de Estado remitir casos al procurador general si el secretario “cree razonablemente” que alguien, o alguna entidad, ha infringido la ley estatal. La carta señala que, en virtud de la ley, cuando el secretario de Estado hace tal constatación, el procurador general puede solicitar una orden judicial para frenar temporal o permanentemente esa actividad ilegal.
“Mientras continúan los esfuerzos de las fuerzas del orden y del procuradora del Estado”, afirma la carta dirigida a la oficina de Moody, “puede ser apropiado y beneficioso para los votantes y las oficinas de los supervisores de elecciones solicitar una medida cautelar o de otro tipo para prohibir que aquellos en cuestión sigan haciendo circular peticiones y cometiendo más actos fraudulentos en contra de los votantes”.
Sin embargo, Moody no ha emprendido esa acción, y sus portavoces no respondieron cuando se les preguntó porqué. Dijeron que una vez que la Policía Estatal de la Florida (FDLE) revise el caso, la Procuraduría General del estado revisará sus conclusiones.
Organizadores de la campaña de Las Vegas Sands dijeron que no tenían conocimiento de ninguna investigación por parte de la Procuraduría General. (Durante años, el principal cabildero de Sands ha sido Nick Iarossi, de Tallahassee, considerado uno de los cabilderos más cercanos a DeSantis en la Florida y cuya cartera de clientes ha crecido desde que DeSantis llegó al cargo).
La carta de la secretaria de Estado también decía que estaba remitiendo los ejemplos a la FDLE. Un portavoz de la FDLE dijo que estaba proporcionando “asistencia en la investigación” al fiscal estatal Bill Gladson, cuyo distrito cubre cinco condados, incluyendo Marion. Gladson confirmó que ha asignado un investigador para indagar. Los fiscales del Condado Duval confirmaron que también están investigando las peticiones.
Un portavoz de la oficina de DeSantis dijo que el asunto había sido remitido a la oficina de Moody y a la FDLE, y agregó que “la oficina estatal no está involucrada en la recaudación de fondos políticos”.
PRESUNTOS PAGOS ILEGALES POR FIRMA
Durante el último año, los organizadores de Las Vegas Sands han estado en una pelea literalmente callejera con la tribu seminole sobre su iniciativa de juegos de azar.
Mientras que Las Vegas Sands ha invertido millones en recolectar firmas, la tribu, que tiene el monopolio de los juegos de azar tipo casino en la Florida, ha gastado millones para frenarla, contratando a repartidores de peticiones de Sands para reducir su número y pagando a personas para que observen y graben a los recolectores de firmas.
La enmienda de Las Vegas Sands permitiría que las salas de juego de todo el estado se convirtieran en casinos al estilo Las Vegas con la condición de que estuvieran situadas a 130 millas o más del Hard Rock de la tribu y de otros casinos, una descripción que se cree que está destinada a un casino en Jacksonville.
Sands también propone otra enmienda que autorizaría a tres nuevos casinos a realizar juegos de azar estilo Las Vegas en la Florida.
La tribu pagó $6 millones a una empresa con sede en Palm Beach, Cornerstone Solutions, a través de su comité político, Standing Up For Florida, y compró $4 millones en anuncios de campaña en los medios de comunicación para oponerse al esfuerzo de Sands. El comité lanzó una campaña de petición separada, conocida como plebiscito, que pedía a los votantes que mostraran su apoyo a la causa, pero que no pretendía cambiar la ley estatal. Sands acusó a la tribu de utilizar el plebiscito para confundir a los votantes.
Los peticionarios tenían de plazo hasta el 30 de diciembre para terminar de reunir las 891,589 firmas necesarias para que los funcionarios electorales de cada condado tuvieran tiempo suficiente para validar la autenticidad de las firmas y así poder incluir las medidas en la boleta de votación antes de la fecha límite del 1º de febrero. Hasta ahora, tienen unas 566,000, lo que indica que probablemente no lo lograrán, aunque los supervisores tienen hasta finales de enero para contar las firmas.
La infusión de cantidades de dinero sin precedentes en el proceso de recolección de peticiones ha provocado peleas en gasolineras y estacionamientos de todo el estado y acusaciones de intimidación y abuso por ambas partes.
Los organizadores de la tribu también han alegado en documentos judiciales que los organizadores de Las Vegas Sands pagaron a los repartidores de peticiones en función del número de firmas que recolectaban, lo que constituye un delito menor de primer grado según la ley estatal, castigado con hasta un año de cárcel. Han presentado contratos y declaraciones juradas de personas que trabajaron en la campaña de peticiones de la empresa.
Una de esas personas firmó una declaración jurada en la que afirmaba que había sido contratado para recolectar firmas, y su contrato indicaba que se le pagaban $450,000 por cada 25,000 peticiones que presentara, hasta $2.7 millones.
Otra persona, Larry Laws, fue contratada por una empresa diferente para producir reuniones de recolección de firmas para el esfuerzo. Su declaración jurada afirma que, si bien los contratos establecían que los empleados serían pagados por hora, en lugar de por firma, los repartidores de peticiones también recibirían una “bonificación” de $2,500 por cada 300 firmas, lo que no estaba en el contrato.
En respuesta, McKee dijo: “Todos los contratos [de Florida Voters in Charge] cumplen la ley de la Florida”.
Laws también dijo que recibió instrucciones de la empresa que lo contrató para destruir al menos 2,000 peticiones que sospechaban serían rechazadas por los supervisores electorales locales. Las peticiones procedían de 15 condados del estado. En lugar de destruirlas, su declaración jurada dice que las envió a la secretaria de Estado. (Laws dejó de trabajar para el contratista de Sands, y dijo que ahora está en otros trabajos, incluyendo ayudar a la tribu seminole).
En una entrevista con el Herald/Times, Laws dijo que ha estado en el negocio de la recolección de peticiones durante décadas y ayudó a reunir firmas para muchas iniciativas de votación exitosas, incluida la enmienda de 2018 que permite votar a las personas con condenas por delitos graves y la enmienda de 2020 que aumenta el salario mínimo del estado.
“Nunca he visto algo como esto, por el dinero que se ha gastado, en mis 25 años”, dijo Laws.
Dijo que desde que envió las peticiones a la secretaria de Estado a finales de noviembre, no ha recibido respuesta de esa oficina ni de ninguna agencia policial.
Laws calcula que los contratistas que contrató ayudaron a recolectar al menos 200,000 firmas para el esfuerzo. Dijo que todas se recolectaron pagando a los peticionarios por cada firma.
SUPERVISORES ELECTORALES ABRUMADOS
Miles de formularios de petición presuntamente fraudulentos han inundado a los supervisores electorales locales, que son responsables de verificar que las peticiones fueron llenadas y firmadas por un floridano.
Wilcox, el supervisor de elecciones del Condado Marion, dijo que su firma falsificada, y la de su esposa, estaban en los formularios de petición presentados a su oficina en noviembre.
Ha enviado cartas a unos 900 electores de su condado cuyos nombres figuran en formularios de petición sospechosos.
Los recolectores de peticiones han entregado miles de formularios en su oficina, pero a menudo no pueden verificar más de 80, dijo.
“Alguien hace 300 peticiones y tiene dos aceptaciones. Es simplemente astronómico”, dijo Wilcox, que también dirige la organización Supervisores Electorales de la Florida, que representa a los funcionarios que supervisan las elecciones en los 67 condados del estado.
Teniendo en cuenta el número de peticiones que la gente está dejando, y cuántas son sospechosas, algunos repartidores de peticiones podrían enfrentar fuertes condenas de prisión, dijo. Cada petición incluye el nombre del repartidor, junto con una declaración de que la información es verdadera bajo pena de perjurio, una violación que es un delito de tercer grado que conlleva hasta cinco años de prisión.
“Si se juntan 20 de estos documentos, la gente podría ir a la cárcel durante 20, 30 o 40 años”, dijo Wilcox.
El memorando de la secretaria de Estado incluía formularios de denuncia sospechosos de los condados Duval, Gulf, Pinellas, Marion, Brevard y Bradford. El memorando menciona que algunos formularios incluyen los nombres de personas fallecidas. En algunos casos, un repartidor de peticiones firmó los formularios de otro repartidor. La supervisora de Duval remitió más de 1,200 formularios de petición a los fiscales locales, según su memorando.
En el Condado Broward, el supervisor de elecciones Joe Scott dijo que alrededor de la mitad de las más de 125,000 peticiones que recibieron para la iniciativa han sido rechazadas. No sabe cuántas, si es que hay alguna, son fraudulentas, pero dijo que se reunió con su fiscal estatal el miércoles para discutir una posible investigación.
Las peticiones rechazadas tardan entre tres y cuatro veces más en procesarse que las verificadas, dijo. Todos los supervisores cobran una tarifa para procesar esos formularios, y tanto él como Wilcox dijeron que aumentarían las tarifas debido al gran número de peticiones rechazadas recibidas en el último año.
“Esa es la mayor preocupación”, dijo Scott. “Están dificultando que otras personas hagan campañas de petición porque están aumentando el costo para todos”.
Fuente: elnuevoherald.com
