La normativa, que entra en vigor este mes de abril, no permitirá instalar este tipo de centros a menos de 100 metros de centros educativos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso se ha propuesto combatir la lacra de las apuestas, y ha aprobado este miércoles una ley por la cual los locales de juego no podrán dar ningún tipo de préstamo económico a sus clientes. Tampoco podrán instalarse a menos de 100 metros de ningún centro educativo.

Así lo ha dado a conocer Enrique Ossorio, consejero de Educación, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Se trata de una norma anunciada por Ayuso en 2019, cuando aún compartía Ejecutivo con Ciudadanos, pero que se había visto obligada a procrastinar por la pandemia. Sin más dilaciones, esta entrará en vigor a lo largo de este mes cuando se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

La principal novedad pasa por complicar el acceso de los clientes a dinero en efectivo para seguir jugando. Así, se vetará en lo sucesivo la instalación de cajeros automáticos en los establecimientos de juego, y se prohibirá que los titulares de los locales concedan créditos, préstamos, dinero en efectivo o cualquier asistencia financiera.

«La limitación obedece a una razón de interés general como medida de protección a los usuarios y pretende, asimismo, una práctica del juego donde prime la responsabilidad consciente y no de manera impulsiva», han señalado desde la Puerta del Sol.

Otra de las medidas más llamativas del nuevo decreto, que tiene por vocación educar en una práctica del juego donde impere la responsabilidad «consciente y no impulsiva», es que estos locales deberán reforzar los controles de acceso en caso de que haya un colegio a menos de 100 metros de distancia.

«Hemos preferido reforzar el acceso a la distancia porque 200 o 300 metros no disuaden», ha señalado Ossorio.

El Gobierno de Ayuso también fijará una distancia mínima de 300 metros entre este tipo de negocios para tener acceso a nuevas autorizaciones, las cuales no podrán incrementarse en más de un 1% respecto a las ya existentes a fecha 31 de diciembre del año anterior. Además, no se podrá conceder más de una por localidad, salvo en la capital, donde podrán ser dos como máximo.

Igualmente, se regula en la ley el bloqueo de los puntos de apuestas hípicas para menores de 18 años y para personas que se han inscrito en algún fichero de autoprohibición del juego.

Las decisiones del Gobierno madrileño en materia de juego van más allá de esta ley. En la Ley Ómnibus, que se está tramitando en la Asamblea de Vallecas, se incluyen preceptos para endurecer el régimen sancionador a los empresarios que dejen acceder a sus establecimientos a menores de edad u otras personas vulnerables al juego. Una apuesta decidida de Ayuso, en definitiva, por combatir la lacra de las apuestas. En 2020, el último año con datos, el número de jugadores activos se situó en un total de 1.481.804, un 8,36% más que en 2019.

Fuente: msn.com