El texto de la Medida Provisional (PM) que regula las apuestas deportivas elaborado por el Ministerio de Hacienda ya se encuentra en el Palacio del Planalto, donde se realizarán los últimos análisis.

Con las reglas que serán obligatorias para quienes quieran operar y anunciarse en Brasil, el gobierno cree que podrá recaudar alrededor de R$ 6 mil millones (US$ 1.160 millones) al año, según el analista de economía de la JOTA en Brasilia, Fabio Graner

Con la vista puesta en un potencial multimillonario en ingresos y tras los escándalos de manipulación de resultados deportivos, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está finalizando los trámites para la próxima presentación de una Medida Provisional que regula el segmento de apuestas deportivas en línea.

Con las reglas que serán obligatorias para quien quiera operar y publicitar en Brasil, el gobierno, en una estimación conservadora, cree que podrá recaudar cerca de R$ 6 mil millones al año (US$ 1,16 mil millones), según JOTA.

El texto elaborado por el Ministerio de Hacienda ya está en el Palacio del Planalto, según informó Folha de Sao Paulo y confirmó JOTA. Allí se realizarán los últimos análisis de mérito y el mejor momento político para su presentación.

La idea de la carpeta es que salga a finales de este mes, aunque en Planalto todavía hay fuentes que apuntan a que el debate evoluciona, pero aún no ha alcanzado una “fisonomía definitiva”.

En términos de mérito, según averiguó JOTA, la idea es que quien no se registre y se instale formalmente en Brasil ya no podrá hacer publicidad, un nicho enorme para el sector.

Hoy, según el análisis del gobierno, de los 40 equipos de las series A y B del campeonato brasileño, 38 tienen algún tipo de patrocinio en sus camisetas proveniente de un sitio de apuestas deportivas, sin mencionar el volumen de publicidad en televisión, radio , internet e incluso los propios eventos deportivos.

Con el MP, las empresas tendrán seis meses para formalizar su situación en el país. Desde 2018, la ley permite operar este segmento, pero determinó que la regulación se hiciera a finales del año pasado, lo que no sucedió, aunque la administración anterior también tenía un texto listo.

Para poder operar en el país, el PM determinará un pago de donación entre R$ 25 y R$ 30 millones (US$ 4,85 – US$ 5,8 millones) – más probable que sea el último número. Con la regularización deberán pagar el 10% del Impuesto a la Renta sobre los premios, además de las tasas normales del impuesto a las ganancias empresariales, según el régimen en que se instalen -ganancia real o presunta-. La ley anterior ya preveía, y esto debe continuar, una tasa de inspección, a cobrar en relación con la facturación.

El pago de la subvención se realizará en una sola cuota y servirá para promover la instalación de un área de supervisión del sector.

El PM también debe establecer reglas para aplicar sanciones en caso de manipulación. Debe prever cinco niveles (del 1 al 5), ya partir del nivel 3, cuando pase de “sospechoso” a “evidencia” de manipulación, se eliminará de la lista de apuestas la competición en la que ocurrió el delito. Ordenanza que se editará después de la PM complementará el reglamento.

Tanto las normas sancionadoras como las de cobro de impuestos y tasas exigían, en la valoración legal de Hacienda, la emisión de una PM para el sujeto, en lugar de un decreto, como exigía la ley anterior, lo cual no fue cumplido por el gobierno anterior.

El PM también debe disponer que las empresas sigan las reglas sobre la promoción del juego responsable, con advertencias sobre los riesgos para la salud de una práctica mal gestionada. También debe dejar clara la restricción a menores de edad, entre otras normas, incluida la prevención del blanqueo de capitales.

En ese sentido, la idea es que el Tesoro trabaje en sociedad, por ejemplo con el Banco Central, para monitorear el sector y mitigar el riesgo de cometer delitos.