La Generalitat Valenciana de PSPV y Compromís está dispuesta a utilizar los casinos para atraer inversión. Tras la polémica con el promotor del fallido Montecarlo en la Marina de Valencia, ahora dice que la nueva ley eliminará los límites a que exista más de uno.

«Eliminar el monopolio de facto de las tres empresas de casinos». Esta es la frase que la Conselleria de Hacienda ha decidido utilizar para anunciar que la nueva Ley del Juego autonómica liberalizará este sector, probablemente uno de los más regulados.

Y mucho más teniendo en cuenta la reciente polémica después de que el grupo asiático dedicado a la intermediación y planificación de proyectos inmobiliarios ARC renunciase a la creación de un hotel y casino de lujo en los Docks de la Marina de Valencia alegando la falta de apoyo institucional.

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha anunciado hoy que la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico elaborará una nueva Ley del Juego de la Comunitat Valenciana, que sustituirá a la actual.

Aunque no detalló hasta que punto se abrirá a la competencia la posibilidad de abrir esto locales, aseguró que la intención de la Conselleria es eliminar el monopolio de facto que tienen las actuales tres empresas adjudicatarias de los casinos, uno por provincia.

Ferrando señaló que la ley por elaborar pretende alcanzar «el equilibrio entre liberalización y regulación responsable».

La actual regulación otorga hasta 7 salas apéndice a cada una de las tres empresas de casinos y establece que éstas dispondrán de dos años para responder al requerimiento de la Administración para la apertura de una sala, en el caso de que ésta reciba una oferta en este sentido. De este modo, sobre el papel las adjudicatarias pueden bloquear la entrada de un competidor hasta siete años.

Según la Generalitat, no tiene actualmente propuesta alguna al respecto pero considera que no tiene sentido mantener este tipo de «rigideces», tanto por el elevado número de salas apéndice como por el bloqueo de dos años para responder a un requerimiento de apertura, que no existen en el resto de comunidades autónomas y que el anterior Consell fue ampliando a lo largo de los años.

ARC no fue la única que apeló a los casinos como posible motor inversor y solicitaba un cambio de la ley actual. En su día Marina d’Or intentó sumarse a la puja entre Madrid y Cataluña por Eurovegas y posteriormente llegó a un acuerdo con Orenes. También los hoteleros de Benidorm reclamaron poder instalar salas en sus complejos para diversificar su oferta.

Otra de las cuestiones que está estudiando la Conselleria de Hacienda es la posibilidad de «desarrollar una regulación propia del juego on line valenciano, una normativa de ámbito autonómico». Actualmente, la regulación del juego on line es estatal, pero la experiencia de ello es que la Administración del Estado pretende definir incluso hasta dónde han de ubicarse los terminales, de forma que «el juego on line acaba convirtiéndose en presencial».

Fuente: expansion.com