Los barcos casino de Puerto Madero tienen una historia relativamente corta, pero tan cuestionada como controvertida. Desde que comenzaron a operar el Estrella de la Fortuna, en 1999, y el Princess, en 2006, se planteó el problema de quién tenía el control del juego en la ciudad.
Si bien la Constitución porteña prohíbe expresamente la explotación privada del juego en suelo del distrito, el gobierno nacional otorgó las concesiones y desplegó sus facultades mediante la Lotería Nacional, la Administración General de Puertos y la Prefectura Naval. El argumento utilizado apelaba a la jurisdicción nacional que rige tanto sobre el Puerto de Buenos Aires como sobre el Río de la Plata.
Al atenerse a la Constitución porteña y a las normas locales, la Justicia de la ciudad sostuvo que el control le correspondía a esta última. En tanto, Lotería Nacional y algunos tribunales federales sostuvieron que correspondía a la Nación.
La cuestión quedó zanjada durante el gobierno de Mauricio Macri. Mediante un decreto, en 2016 se determinó que la regulación, explotación, administración, fiscalización y el cobro de impuestos sobre los juegos de azar no son de carácter federal, sino que corresponden a cada jurisdicción.
El contrato de concesión para la instalación y explotación de los dos casinos flotantes de Puerto Madero se encuentra vencido. Antes de que se cumpliera el plazo, los concesionarios recurrieron a la Justicia. Consideraron que las reglas de juego se habían cambiado en 2016, cuando se firmó el traspaso de las competencias del juego a la órbita de la ciudad y se aumentó del 20 al 30% el canon que debía abonar el casino. Comenzaron entonces a pagar el impuesto a los ingresos brutos.
En primera instancia, la Justicia en lo Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar a favor del reclamo de Casino Buenos Aires que le permitió a la empresa concesionaria de los casinos flotantes seguir explotando el negocio pese a que su contrato se encontraba vencido. Esta decisión fue confirmada posteriormente por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, resolución que habilitó al gobierno porteño a interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.
El jefe de gobierno porteño y sus socios políticos se oponen a que en la ciudad haya una sola máquina tragamonedas más, pese a que la recaudación por este concepto representa el 2% de los ingresos de las arcas porteñas. Inseguridad, criminalidad, mafias ligadas al lavado de dinero, trata de personas y prostitución están siempre asociadas, en mayor o menor medida, al acontecer en las salas de juego.
No menos importante es la compulsiva adicción al juego, con rasgos psicológicos y neurológicos propios. La ludopatía es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como enfermedad progresiva que afecta la salud del jugador y que plantea elevados costos sociales. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría la incluyó en su Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en 1980.
En el interior del país, aun en contra de normativas provinciales y federales, algunos municipios han dictado ordenanzas que limitan los horarios de apertura y cierre de las salas de juego, sin lograr hacer efectivo sus poder de contralor. Es el caso, por ejemplo, del municipio de Río Cuarto, que ha intentado con regulaciones municipales evitar que el casino que funciona en esa ciudad cordobesa permaneciera abierto al público 24 horas al día. Lamentablemente, sus facultades de control no fueron reconocidas por tribunales cordobeses y en 2017 la Corte Suprema, con la disidencia del juez Rosatti, decidió no acoger un recurso por el cual el municipio llamaba la atención sobre la ludopatía, que afectaba directa o indirectamente a todos los vecinos de esa ciudad.
Desde estas columnas nos hemos ocupado en numerosas oportunidades de señalar lo inconveniente que resulta que la acción o la omisión del Estado facilite la instalación de casinos, bingos o máquinas tragamonedas, entre otros juegos de azar, poniendo en peligro la salud, cuando no la vida misma, de quienes caen en tan terrible adicción.
El futuro de los casinos flotantes está en manos de la Corte. Será responsabilidad de sus integrantes dimensionar adecuadamente los efectos de su decisión, tomando real conciencia de la larga lista de consecuencias negativas que se derivan de la promoción de la industria del juego. Confiamos en que evitarán quedar empantanados en argumentos laborales y fiscales que soslayan la verdadera naturaleza del problema. La salud de la sociedad está, nunca mejor dicho, en juego. Hacemos votos para que se reduzca esa actividad y, con ella, las miserias y conductas delictuales asociadas.
