El Consejo Empresarial del Juego, CEJUEGO, critica que se relegue la reapertura de los locales de juego a la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad tras el confinamiento por el Covid-19.
Desde que el pasado 14 de marzo se estableció el estado de alarma el sector del juego privado se ciñó a la normativa cerrando todas sus salas y paralelamente comenzó a trabajar en la adaptación de normativas y protocolos que le permitiesen abrir cuanto antes. Sin embargo, el sector denuncia la falta de atención por parte de las instituciones que le han mantenido en un estado de incertidumbre hasta ahora. En palabras de Alejandro Landaluce, director general de CEJUEGO: “según el Real Decreto del 14 de marzo una vez se iniciara la desescalada, esta se realizaría por criterios sanitarios y no de actividad: esto no se está respetando. Se está realizando de forma discriminatoria y como sector nos sentimos perjudicados”.
Tal y como recoge el BOE del pasado sábado 30 de mayo, la apertura de locales de juego se ha retrasado a la Fase 3, a pesar de ser una actividad de ocio con baja concentración de aforo-similar a la de los bares y otros establecimientos comerciales de índole minorista que han podido retomar su actividad antes- que cuenta además con importantes medidas de seguridad, control de acceso y aforo, que permiten garantizar las condiciones de seguridad y prevención pertinentes en su interior las cuales pueden facilitar incluso el rastreo de posibles contagios. Además, el sector denuncia un trato discriminatorio frente a SELAE, cuya actividad se permite desde el 9 de mayo, mientras que en el mejor de los casos, el juego privado se ha reactivado al inicio de junio, en las escasas localidades más avanzadas en Fase 3.
El Ministerio de Sanidad ha informado que las salas de juego podrán abrir a un aforo del 50%, pero sin superar nunca las 50 personas en su interior, incluyendo el propio personal. Si bien es cierto que en salas de juego y locales de apuestas esta decisión no es tan condicionante, sí resulta incompatible para la apertura de casinos y bingos, con plantillas en muchos casos superiores a esa cantidad. Según Landaluce, “no entendemos que se aplique al juego una restricción de 50 personas, independientemente del aforo de la sala, por ser una medida que no atiende a razones sanitarias y que no se aplica en otras actividades similares al juego. Establecimientos como bingos y casinos requieren de un gran número de empleados para su funcionamiento por lo que esta medida es incompatible con la apertura de la actividad en muchos casos”.
Precisamente, si no se pueden abrir estas salas de mayor capacidad, al sector le resulta sumamente difícil poder reactivar el empleo y sacar del ERTE a sus empleados que irremediablemente tuvieron que dejar de trabajar tras el cierre de las salas el pasado mes de marzo.
A esta difícil situación, se añade el escenario de inseguridad jurídica que soporta el sector desde el inicio del estado de alarma por la falta de información, lo que genera un clima de incertidumbre para los empresarios y trabajadores afectados por los ERTEs. “Es difícil explicar a tus trabajadores que tienen que seguir en un ERTE mientras ven como en otros sectores de similares características ya están trabajando. Afrontamos diariamente la incertidumbre de si se producirá la autorización de apertura o no en un plazo menor de 24 horas, sin un aviso previo que permita adecuar las salas e incorporar a los empleados para la apertura”, añade Landaluce.
Desde el primer momento, se ha demostrado un esfuerzo de colaboración con las entidades públicas y la adaptación de sus locales a todas las medidas necesarias bajo un estricto control de acceso y seguridad. Así que, únicamente se entiende esta falta de consideración como parte de la estrategia de discriminación que sufre desde hace tiempo el sector privado por parte del Gobierno en su defensa paralela del juego público o semipúblico.
Por último, el sector del juego privado recuerda que este trato y las decisiones tomadas sobre el sector no afectan al “ente del juego privado”, sino a los más de 47.000 empleos directos y más 174.500 empleos indirectos que se desarrollan en el sector y que han sido duramente afectados por los ERTEs derivados del Covid-19, sumándose a la crisis en el empleo que se plantea nuestro país. Sin embargo, denuncia la falta de atención por parte de los organismos públicos hacia este sector, que aporte seguridad y claridad a esta situación.