La patronal CEV se ha sumado a la petición de ANDEMAR CV, ANESAR CV, la Asociación de Casinos y la FEHV para que no se apruebe una nueva ley del juego sin al menos un diálogo previo, que permita trasladar a la Administración cuál es la situación actual, explicar las consecuencias que para las empresas tendría la aplicación de la normativa y plantear alternativas.
Así lo ha explicado este lunes el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, en la reunión que ha mantenido con la presidenta, el vicepresidente y el secretario general de la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunitat, según un comunicado de la CEV.
La patronal autonómica se suma a esa petición porque, según asegura, los datos sitúan el juego problemático en apenas un 0,3 % de la población, lo cual «no justifica una regulación tan restrictiva que, lejos de solucionar problemas, provocaría una alarma social injustificada«.
Consideran que el nuevo marco beneficia exclusivamente al juego por internet y al juego público, y podría incrementar el juego ilegal o clandestino.
Según el empresariado del sector, mayoritariamente pymes, de aprobarse las enmiendas propuestas ningún establecimiento de juego, ni ningún local de hostelería con máquinas recreativas, podría renovar su autorización administrativa tras su vencimiento, dado que sería imposible cumplir la norma que obliga a mantener una distancia de 850 metros con respecto a centros educativos, sanitarios y deportivos.
El impacto económico de otras enmiendas propuestas, como el mando de activación y el sistema de identificación en las máquinas instaladas en hostelería, supondría, según los estudios previos, un descenso de los ingresos de entre un 30 y un 65 %, respectivamente, lo que haría «inviable» la actividad empresarial.
Asimismo, según la CEV, la nueva ley dañará «gravemente» a una industria que en la Comunitat Valenciana mantiene más de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos en hostelería, y que contribuye a las arcas públicas con 144 millones de tributación directa y otros 130 millones en impuestos indirectos, que la Administración dejaría de recaudar.
Fuente: lavanguardia.com
