Más de 200 asistentes, entre reguladores y empresarios, hacen parte de la IV Cumbre Iberoamericana de Juegos de Suerte y Azar en Cartagena, denominada “Hacia la consolidación del juego legal y responsable”.
Colombia es el primer en regular los juegos “on line” en Latinoamérica y tiene el segundo parque de máquinas interconectadas más grande de la región.
Coljuegos es modelo en Iberoamérica de lucha contra la ilegalidad del sector de juegos de suerte y azar. En cinco años se han decomisado 11.593 máquinas tragamonedas operando de manera ilegal, con un incremento de un 19% en el último año.
Cartagena acoge desde este miércoles a las principales empresas y reguladores de la industria del juego en la IV Cumbre Iberoamericana del Juego, el evento iberoamericano de referencia dentro del sector a nivel global. Los más de 200 asistentes debaten sobre la situación actual de la industria e intercambian experiencias para fortalecer las relaciones entre gobiernos y empresas del juego.
Durante el certamen, Coljuegos recordó que durante los cinco años de funcionamiento como entidad reguladora de los juegos de suerte y azar ha contribuido con la financiación de la salud de cerca de dos millones de colombianos a través del recaudo por derechos explotación y su posterior transferencia, recaudando 1,8 billones de pesos en derechos de explotación por cuenta de los juegos novedosos y localizados. Solo en el último año, el incremento en el recaudo ascendió un 25 por ciento a 475.122 millones de pesos.
En esta ocasión, la Cumbre Iberoamericana dedica su agenda a la consolidación del juego legal y responsable a través de acciones articuladas entre los reguladores. Para el caso colombiano, entre 2012 y 2017 se han decomisado 11.593 máquinas tragamonedas –con un aumento en el último año del 19 por ciento-, lo que significa una cifra récord en la lucha contra la ilegalidad del sector de juegos de suerte y azar.
De acuerdo con el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, la ilegalidad le significa al país una evasión cercana a los 340.000 millones de pesos al año, por lo que el fortalecimiento institucional y el trabajo articulado con la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional son una prioridad de la entidad.
