Incomprensiblemente la Asociación de Empresarios de Salones de Juego en Aragón (AESA) no ha sido invitada a la Comisión de Juego convocada para el 18 de febrero, donde se debatirá la aprobación del decreto de implantación de terminales de apuestas en los establecimientos de hostelería de la Comunidad de Autónoma de Aragón.
La Asociación de Empresarios de de Salones de Juego en Aragón va a hacer llegar a la Presidencia de dicha Comisión tanto su malestar por no haber sido convocada al evento, como su profundo rechazo a la aprobación del Decreto que se pretende.
Carece de sentido que hace tres años se obligara a los Salones de Juego a remodelar sus locales al objeto de instalar los terminales de apuestas y hoy la Dirección General de Interior pretenda el establecimiento y autorización de 1.250 terminales en locales de hostelería, en flagrante competencia con los Salones.
La implantación de las apuestas en hostelería redunda en un importante fomento de la ludopatía, no garantiza que ni los menores ni los prohibidos jueguen y a corto plazo traslada el juego de las máquinas “B” a las apuestas.
La iniciativa de AESA es apoyada de forma incondicional por FEMARA, CEJ, ANESAR, SPORTIUM, entre otras entidades, y la práctica totalidad de empresas de Salones de Juego y Operadoras.
Por si ello fuera poco, todos los implicados muestran su sorpresa no solamente por la falta de diálogo de la Dirección General de Interior con las ASOCIACIONES para consensuar los términos de dicha implantación, sino también por el incomprensible perjuicio económico que la antedicha implantación va a representar tanto para los hosteleros, como para las “arcas” de la Comunidad Autónoma, que lejos de ver incrementados sus ingresos, los van a ver sensiblemente mermados dada la diferente fiscalidad a la baja de dichas máquinas.
Recordarle a la Administración y al Gobierno de Aragón que la norma de la que emana la posibilidad de aprobar la implantación de las apuestas en hostelería, exigió el CONSENSO DE TODOS los integrantes del Sector del Juego y una aprobación sobre el particular que no esté consensuada entre TODOS los afectados atentaría incluso nuestros derechos constitucionales.
Adjuntamos las adhesiones (64) recibidas a nuestra postura
Fuente: Nota de Prensa de AESA
