Una jueza sentencia que los exdueños de Codere tendrán que devolver cerca de 700.000 euros a la empresa por cargar gastos personales a la compañía de forma irregular.

La batalla judicial entre Codere y los que han sido sus mayores accionistas individuales tiene una primera sentencia que afecta al bolsillo de la familia Martínez Sampedro. El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha condenado a los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, presidente y consejero de la compañía de apuestas y casinos, por administración desleal a devolver casi 700.000 euros por usar la tarjeta corporativa para gastos personales, como viajes a Nueva York, Miami y Caicos, así como productos de lujo y hasta el wifi de su casa de verano.

Codere presentó una demanda contra los Martínez Sampedro en septiembre de 2020 después de descubrir presuntas irregularidades durante los últimos años de gestión de la familia, presente en el consejo de administración desde 1998 y máxima accionista hasta 2016. La sentencia de la jueza hace hincapié en que los inversores, que llegaron a tener el 70% del capital, instalaron una de sus sociedades personales, Francomar Investment, en la sede oficial de Codere, sin pagar ningún tipo de compensación a la compañía entre 2010 y 2013.

Posteriormente, entre 2014 y 2016, los Sampedro acordaron subarrendar 195 metros de las oficinas centrales del grupo a su empresa particular, a cambio de una contraprestación que no cubría los gastos reales. En concreto, según el auto, el presidente y su hermano pagaban a 6,51 euros el metro cuadrado que se alquilaban a sí mismos, unos 1.270 euros al mes, incluidos los gastos de servicios generales, pese a que a Codere le costaba en el contrato de arrendamiento con Testa, la dueña de las oficinas, entre 15,5 y 17 euros por metro cuadrado.

Los empresarios comunicaron en 2014 al grupo que eran accionistas de Francomar, pero no que habían subarrendado ese espacio a una compañía que tenía inversores minoritarios y cuyo capital desde 2016 estaba en manos de los fondos acreedores por impago de las deudas. La familia se quedó a partir de ese momento con el 15,7% del capital, ya que los bonistas canjearon el pasivo por acciones del grupo.

A partir de ese momento, los Martínez Sampedro iniciaron una guerra sin cuartel contra el nuevo equipo directivo y el consejo de administración, al que han acusado de forma recurrente de numerosas irregularidades, con denuncias incluidas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía, que ha pasado por varias situaciones financieras muy difíciles, estrangulada especialmente tras la irrupción del covid-19, se defendió en los tribunales de los que habían sido sus principales dueños, los cuales fueron expulsados del consejo del órgano de gobierno en 2019.

Restaurantes ‘prime’

Pero después decidió pasar al ataque con una acción social de responsabilidad. El informe pericial encargado por Codere también pone de manifiesto que los antiguos gestores cargaron a las cuentas del grupo de juego “diversos gastos personales de la familia Martínez Sampedro”. En concreto, viajes personales a Palma de Mallorca, México, Miami, Bogotá, Caicos e islas turcas, según el auto del magistrado. Otras fuentes señalan que la familia utilizó la tarjeta corporativa para pagar comidas privadas en restaurantes de lujo como Zalacaín, El Paraguas o La Ancha, así como para adquirir dos bolsos de la marca Loewe y hasta las facturas del wifi de la casa de los empresarios en Palma de Mallorca.

La sentencia del juzgado concluye que “Luis Javier Martínez Sampedro y José Antonio Martínez Sampedro han incumplido sus deberes de lealtad como administradores”, por lo que les condena a devolver solidariamente 577.606 euros más los intereses legales por el uso personal de una parte de la sede corporativa del grupo sin abonar la contraprestación necesaria. El auto también les solicita el pago de otras dos sumas por importe de 11.419,27 y 65.089,53 euros por los gastos cargados a la tarjeta de la empresa.

«De los hechos relatados resulta que los administradores demandados incumplieron el deber de lealtad exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 227 de la LSC al suscribir una relación de subarriendo con Francomar Investments SL en un primer momento de forma gratuita y después a un precio inferior al de mercado. Así mismo antepusieron sus propios intereses, imputando gastos personales a las cuentas de la sociedad que administraban» se describe.

Los Sampedro se defendieron al señalar que los hechos ya habían prescrito, recurso que la jueza ha rechazado en su auto de principios de la semana pasada. Codere, que ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información, ha estado representada por Jon Aurrekoetxea, recientemente nombrado socio de Litigación y Arbitraje del bufete Hogan Lovells.

Fuente: elconfidencial.com