actualizado: 1 Dec 2023

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Consumo se gasta 1,3 millones en subvencionar la prevención de los trastornos que provoca el juego

La industria del juego movió en nuestro país 35.628 millones de euros en 2019, que permitieron a las empresas facturar 10.226 millones.

Existen hasta 55 casinos en todo el país y más de 4.000 bingos, salas de juego y casas de apuestas, y han experimentado estas últimas un fuerte crecimiento en la última década. A todo ello debemos sumar que el sector ha evolucionado también hacia el juego online, que suma más de 40 casas de apuestas en red en España y que presenta multitud de opciones, desde tragaperras a ruletas pasando por el póker o el blackjack.

El sector agrupa a cerca de 47.000 empleados que trabajan de manera directa en esta industria, que ha llegado a alcanzar el 0,8% del PIB. Con este panorama, el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón encabezó en 2021 una batalla para implementar restricciones a los bonos y la publicidad, que se concretó en 2021 con un polémico Real Decreto. Lo cierto es que hasta el 1% de la población española juega de manera patológica y las casas de apuestas, presentes en todos los barrios pero especialmente en los más humildes, están provocando problemas de adicción y se ceban con el público más joven. En la mayoría de los casos, quienes se inician en el juego lo hacen con el objetivo de conseguir dinero rápido, de manera inmediata.

La proliferación del juego online tiene un enorme impacto en la economía. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirmó que en 2021 el sector lideró el ranking de transacciones y acabó en cuarto lugar en el de ingresos. Según rezan los datos correspondientes a 2021, España cuenta con 1.470.303 jugadores, con una media de usuarios activos que alcanzó los 997.483 hace dos años, datos desmesurados que invitan a actualizar una Ley del Juego que para muchos se torna obsoleta, dados sobre todo los avances del sector del juego y las apuestas online.

Más del 20% de los menores de edad apuestan dinero en juegos de azar y la ludopatía ya afecta al 1,6% de la población española de entre 15 y 64 años, según la encuesta bienal sobre alcohol, drogas y otras adicciones en España (EDADES), del Ministerio de Sanidad. Más del 60% de la población gastó dinero en juegos de azar de forma presencial en 2019 y en el caso del juego online, el porcentaje ascendió al 9,1% entre los hombres y al 4,2% entre las mujeres.

El caso es que la población, especialmente la más joven, está cada vez más expuesta a los estímulos del sector del juego y esto tiene consecuencias para el bolsillo y para la salud. Por ello, el Ministerio de Consumo va a financiar 26 proyectos vinculados con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o los riesgos asociados a esta actividad.

Detección temprana

Consumo ha publicado la resolución definitiva de la adjudicación de ayudas por valor de 1.319.249,21 euros relativas a la segunda convocatoria de las subvenciones para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o los riesgos asociados a esta actividad, correspondientes al año 2023. Así, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha aprobado en total la financiación de esos 26 proyectos científicos.

Las líneas de investigación y prevención se articulan en torno a la detección temprana de participantes con un comportamiento de juego de riesgo; el daño individual, familiar o social asociado al juego: en cuanto a salud personal, impacto emocional o psicológico, dificultades financieras, afectación laboral o problemas legales; la minimización de las consecuencias negativas asociadas a este tipo de actividades o el impacto de género en los comportamientos de juego de riesgo.

Participación del sector público

Las entidades beneficiarias de esta convocatoria, cuyo plazo de ejecución se extiende hasta el próximo 30 de junio de 2024, son, en orden de cuantía aprobada: Universidad de Granada, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Lleida, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Zaragoza, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Almería, Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud.

Continúan la lista la Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Consorci Sanitari de Terrassa, Universidad de la Iglesia de Deusto, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Internacional de La Rioja S.A., Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Alicante, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Oviedo, Universidad Europea Miguel de Cervantes S.A.

Una ley acorde con la realidad

Los riesgos asociados al juego son, en cualquier caso, elevados y las asociaciones que luchan contra el juego demandan una ley acorde con la realidad, que prevenga con eficacia posibles comportamientos compulsivos en lugar de meras medidas de detección.

Valoran más las medidas de prevención y ofrecer menos facilidades para jugar que las acciones dirigidas únicamente a identificar el problema, como la autoprohibición del juego. Se trata de una solicitud por parte de una persona que no desea ser admitido en los casinos y salones de juego para la que basta rellenar un formulario con sus datos y solicitar su incorporación al Registro de Interdicciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque el juego online queda, obviamente, al margen de esta medida.

Fuente: msn.com

 

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