La Policía Autonómica mantiene abierta una operación en la provincia de Sevilla ante un fraude detectado por parte de Loterías y Apuestas del Estado, que trasladó el asunto hace unos meses a los responsables policiales.
Se trata de unas máquinas expendedoras de boletos (Lotería Nacional, Primitiva, Bonoloto…) con absoluta apariencia de legalidad instaladas en establecimientos comerciales como panaderías, fruterías o estancos pero que, por el contrario, son absolutamente falsas y expiden unos resguardos de boletos que carecen de valor legal alguno. Con dichos recibos sería imposible cobrar el supuesto premio en el caso de que éste se lograra, si bien el sistema informático desde el que se ha manejado la dispensación de boletos impedía también que eso llegara a suceder.
El engaño se detectó hace varios meses, a finales de 2014, y la investigación recayó en el Grupo de Juegos de la Unidad Adscrita a la comunidad autónoma de la Policía Nacional, la conocida como Policía Autonómica, que tiene las competencias en este ámbito. Los agentes han ido tirando del hilo y se fueron descubriendo máquinas falsas de dos tipos: unas, la mayoría de las retiradas, de un solo bloque con teclado y con multifunciones, es decir, que también servían para cargar los móviles o para el revelado digital de fotografías. Otras son exclusivamente para expedir boletos (los resguardos de los mismos, más bien). Hasta la fecha se han decomisado un total de 13 de estos dispositivos ubicados en tiendas en las que se colocaba también un logotipo «oficial» de Loterías y Apuestas del Estado. Dos de ellas estaban en comercios de la capital y el resto en municipios como Coria del Río, Écija o La Puebla de los Infantes, o también en pedanías como Las Pajanosas o El Trobal.
Estas máquinas eran vendidas por un grupo de comerciales y representantes que también las instalaban en los establecimientos. Las expendedoras debían adquirirse en propiedad y costaron entre 5.000 y 6.000 euros a cada comerciante, que se repartía la caja con la empresa que había montado el dispositivo. Se trata, según fuentes del caso consultadas por ABC, de dos compañías con sede en Madrid, que tenían contratados a representantes en Sevilla. Las empresas manejaban los dispositivos a distancia, por internet, con un mecanismo tan sencillo que, al parecer, les ha permitido desconectar a distancia en algunos casos la aplicación de boletos de loterías en cuanto se han percatado de que la Policía indagaba, manteniéndose sólo los servicios de revelado o recarga de móviles.
Una vez ejecutada parte de la operación —se siguen buscando máquinas—, se han retirado las expendedoras y se ha denunciado tanto a los establecimientos como a los instaladores y las empresas por infracciones administrativas. Se está calculando las cantidades, puesto que si superan una cifra puede suponer ya que los hechos se tipifiquen como delito. De momento, las sanciones administrativas —en este caso se consideran «faltas muy graves»— conllevan el pago de multas de al menos 10.000 euros. Al no haber existido premio alguno no puede considerarse esta actividad como delito de estafa, de modo que los defraudadores han aprovechado un vacío legal. Como no se han reclamado premios —como es lógico, pues nunca hubo— ni ha existido denuncia alguna de afectados por no cobrar, la Policía no podía actuar de oficio. Si la estafa no se denuncia como tal, no se puede perseguir.
Posible connivencia
Estos resguardos estaban vinculados a boletos auténticos de despachos de lotería reales de Madrid y de algún otro punto de la geografía española, cuyos permisos se han utilizado por los defraudadores. ¿De forma consentida por los primeros o con usurpación? Eso es lo que se sigue investigando, si hay personas relacionadas con esos despachos o con la propia sociedad de Loterías y Apuestas del Estado que han estado colaborando con quienes instalaban esas máquinas ilegales. Máquinas que funcionaban relacionando los boletos que vendían con otros auténticos que se vendían en administraciones de loterías legales.
Hasta ahora, las sanciones han ido a parar a los despachos originarios —que se llevaban un porcentaje de lo vendido— y también a los instaladores de las máquinas. De los comerciales que las vendieron a precio de oro no queda ni rastro por Sevilla y se les busca más allá. Mientras tanto, Loterías y Apuestas del Estado, que fue quien llevó el asunto a la Policía, ha asegurado a los investigadores que encuentra problemas legales, por esa situación de limbo jurídico, para sancionar a los despachos que han usado máquinas que no son las oficiales, los propios terminales que este ente dispone en cada administración. La operación continúa abierta y se siguen buscando más máquinas expendedoras que esta red fraudulenta haya podido colocar en la provincia y calculándose las cuantías económicas que ha podido conllevar hasta el momento este engaño.
Sevilla, provincia andaluza donde más dinero se decomisa por juego ilegal
A la cabeza. Sevilla es la provincia andaluza donde más dinero fue decomisado el año pasado por la Policía Autonómica en operaciones contra el juego ilegal. De hecho, los 19.442 euros incautados en la provincia suponen más de la mitad del total de toda la comunidad, que durante 2014 fue de 38.511 euros. En bingos ilegales, la sevillana es la segunda provincia en importancia por número de cartones intervenidos (67.048), sólo por detrás de Málaga, con más cartones intervenidos. Y en cuanto a máquinas fraudulentas —con 27 decomisadas, 38 precintadas y 68 destruidas— es la segunda provincia en relevancia de las operaciones tras Granada. Así lo el balance de las actuaciones de 2014 de la Unidad Adscrita a la comunidad autónoma de la Policía Nacional, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, que el año pasado interpuso más de 6.000 denuncias y puso a disposición judicial a cuatro personas por presuntos delitos relacionados con el juego ilegal en toda Andalucía.
Fuente: ABC de Sevilla.
