Palacio Legislativo de San Lázaro, en Ciudad de México

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Ulises Murguía, instó al gobierno federal a establecer una política pública en materia de regulación de casinos y limitar los permisos de la Dirección General de Juegos y Sorteos a un establecimiento por cada 500 mil habitantes.

En aquellas localidades donde haya menos de 500 mil habitantes, solo se permitiría un casino.

De acuerdo con la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México, A.C., en el segundo trimestre de 2019 se reconoció a 36 permisionarios y se autorizaron 754 salas, de las cuales 374 se mantienen abiertas en 28 de las 32 entidades, aunque la mayoría se concentra en Baja California, Sonora y Ciudad de México.

Con ese amplio margen de crecimiento, la industria de los juegos se ha colocado en la lupa del escrutinio nacional, pues diversas y muy encontradas son las opiniones a favor y en contra de la apertura y funcionamiento de casinos”, puntualizó el legislador de Morena.

En un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, Murguía subrayó la necesidad de otorgar a la Secretaría de Hacienda el carácter de autoridad tributaria única para recaudar los impuestos por concepto de juegos y apuestas a nivel nacional y, a partir de ello, crear una partida presupuestal para prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a las personas que sufren ludopatía.

El diputado federal por el Estado de México señaló que la industria de los juegos en México aporta a las finanzas públicas, por concepto de impuestos y aprovechamientos federales, más de 4.700 millones de pesos al año. No obstante, la carga fiscal ha sido motivo de observaciones y reclamos por parte del sector de los juegos, pues actualmente pagan 30 por ciento de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de 2 por ciento de aprovechamiento por los derechos del permiso.

Aunado a ello, varios estados y municipios de la República Mexicana han creado nuevos impuestos para centros de apuestas que en su mayoría son desmesurados y propician la evasión parcial por parte del permisionario”, señaló.

Como ejemplo de ello citó el caso del Congreso de Nuevo León, que creó los impuestos a las erogaciones en juegos con apuestas y por la realización de juegos con apuestas y sorteos, los cuales impusieron una nueva carga tributaria de 10 por ciento y 6 por ciento, respectivamente, a los juegos con apuestas.

Indicó que gran parte del problema de las cargas tributarias locales se debe a la escasa legislación federal en la materia, así como a su obsolescencia y anacronismo.

Fuente: milenio.com