Como parte de la estrategia de lucha frontal contra la ilegalidad, Coljuegos incautó 225 elementos de juegos de suerte y azar que operaban en la ciudad de Cúcuta sin la respectiva autorización y que, por lo tanto, dejaban de transferir recursos para la salud de los colombianos.

“Continuamos dando resultados en nuestra lucha contra la ilegalidad. Este es el primer resultado del pacto por la legalidad que firmamos con la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía y la Lotería de Cúcuta y los operadores legales”, explicó el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié.

Así pues, del total de elementos incautados por las autoridades, 215 corresponden a módulos de apuestas por internet, compuestos por computadores portátiles, televisores, monitores, teclados, tiqueteras, entre otros. Todos estos elementos están avaluados en cerca de $212 millones.

De igual manera, las autoridades retiraron 9 máquinas electrónicas tragamonedas que operaban en casinos clandestinos sin tener un contrato de concesión vigente con Coljuegos. Además, como material probatorio se incautó un grabador interno tipo BDR.

“También aplicamos la medida cautelar de cierre provisional de 10 establecimientos comerciales dedicados a operar juegos de suerte y azar de manera ilegal. Por ese motivo, continuaremos con los respectivos procesos administrativos para sancionar a los responsables”, dijo Hincapié.

Y añadió: “Este operativo se suma a otras acciones de control que hemos realizado en todo el país. Por eso, durante lo que va del 2024, ya hemos incautado más de 2.810 elementos de juegos de suerte y azar ilegales avaluados en más de $3.600 millones”.

Es importante destacar que operar juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal, relacionado con el ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Además de ello, los responsables podrían incurrir en otros delitos como el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, así como la posibilidad de afrontar un proceso por extinción de dominio del bien inmueble donde operen los juegos ilegales.