La suspensión, que afecta también a las máquinas recreativas en hostelería, se prolonga tras la dana que asoló València y que paralizó los estudios clave de impacto social y sanitario previstos en la ley.
La Generalitat Valenciana mantendrá durante al menos un año más el paréntesis en la concesión de nuevas licencias para abrir locales de juego, salones recreativos o instalar máquinas tipo B, conocidas como tragaperras, en establecimientos de hostelería. Así lo recoge el nuevo decreto ley aprobado este martes por el Consell, que prorroga la suspensión decretada en la ley de 2020 y que preveía una moratoria inicial de cinco años.
La decisión, según indicaron a través de un comunicado de la Conselleria de Hacienda, llega tras los efectos de la dana que el pasado 29 de octubre asoló la provincia de Valencia. Las inundaciones paralizaron servicios administrativos «esenciales para la gestión, control e inspección del sector del juego«, lo que ha provocado un importante retraso en la elaboración de trabajos técnicos previstos en la normativa.
Entre los informes afectados por la dana se encuentran la elaboración de estudios clave para fundamentar la planificación futura del sector. Entre ellos, el diagnóstico territorial o el análisis del impacto social y sobre la salud pública de los espacios de juego, claves para determinar el modelo futuro de implantación.
La administración autonómica considera que, sin estos estudios y dada la «situación de fuerza mayor generada por el temporal», no se puede garantizar una planificación adecuada del sector, por lo que considera «justificada» la medida adoptada que tiene como fin presentar un modelo de implantación «equilibrado y coherente». Por ello, el nuevo decreto ley establece que la suspensión se mantendrá hasta que entre en vigor el reglamento autonómico que está en elaboración, o como máximo durante un año.
Medida transitoria
Esta medida no afectará a las autorizaciones ya concedidas ni a aquellas solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del decreto. Se trata, por tanto, de una medida cautelar de carácter transitorio, justificada por la situación excepcional provocada por la dana y orientada a asegurar una evaluación integral y rigurosa del parque actual de máquinas y locales tras el impacto de la riada.
El decreto modifica así la disposición transitoria décima de la Ley 1/2020 de regulación del juego en la Comunitat Valenciana, que originalmente contemplaba una moratoria inicial de cinco años. Con esta ampliación de hasta un año adicional, se busca, según el Consell, garantizar que la planificación del sector se realice sobre una base equilibrada del sector, basada en evidencias y con garantías para la protección de las personas consumidoras.
Contexto
Durante su gobierno conjunto, el PP y Vox modificaron la conocida como Ley del Juego a través de enmiendas a finales de 2023. Esta ley había sido aprobada en 2020 por el Botànic para alejar salones de juego y bares con tragaperras a un mínimo de 850 metros de los colegios, centros sanitarios y deportivos tras un acuerdo entre PSPV, Compromís y Unides Podem. A su vez, la ley aplicaba una moratoria de cuatro años para autorizar nuevos locales y explotaciones de máquinas tragaperras.
La medida se justificaba, según sus impulsores, ante la necesidad de prevenir la ludopatía en la Comunidad. De hecho, la ley incorporaba un capítulo a la prevención ante el problema social generado, prohibía la publicidad estática para promocionar estos locales y restringía la publicidad en el ámbito autonómico.
En cambio, a finales de 2023, ya con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, el PP y Vox hicieron valer su mayoría parlamentaria para aprobar su primera Ley de Acompañamiento, que introdujo cambios en la Ley del Juego. Estas modificaciones permitían renovar las licencias de los salones, incluidos los que se encuentran a menos de 850 metros de centros educativos, deportivos y sanitarios. Los entonces socios de gobierno introdujeron este cambio argumentando que pretendían «garantizar la seguridad jurídica» dada la posibilidad de denuncias de las empresas, que según ambos partidos podría haber desembocado en el pago de indemnizaciones. Expertos como Mariano Chóliz, de la Facultad de Psicología de la Universitat de València, en cambio, recomendaron mantener la lejanía indicada.
Ahora, con la moratoria, se alarga el periodo de suspensión de nuevas autorizaciones a este tipo de locales a la espera de culminar los estudios sectoriales para acabar de modificar la ley. El retraso en la culminación de estos estudios se debe a los efectos de la dana, que habría impedido llevarlos a cabo en los márgenes preestablecidos, con una fecha inicial situada en el 15 de junio.
«Todo continuará un año más tal y como estaba», argumentan fuentes del Consell, que aseguran que acabarán de «tomar decisiones» con base en dichos estudios. Álvaro Castaños, portavoz de la Plataforma Contra la Proliferación de las Apuestas, critica que «alargando la moratoria consiguen que casas de juego que no deberían existir, porque están junto a colegios y perjudican a los más vulnerables, continúen para beneficiar a empresarios por encima del derecho a la salud de la ciudadanía, y en particular de los menores de edad».
Desde Anesar, la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos, indican que «no se pronunciarán porque el decreto no se ha publicado en el DOGV«, en referencia al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
Fuente: informacion.es
