La sociedad debe depositar esa cantidad al Ejecutivo para cumplir el reglamento de juego y es la propia administración –el ICAF– quien se lo da.
La situación es la siguiente: la sociedad Gran Casino Sardinero, para cumplir con la legislación vigente, debe depositar en el Gobierno de Cantabria un aval de 300.000 euros. Una cantidad que asegura el cumplimiento de las normas de ordenación del juego. Es decir, lo necesita entregar para que le den luz verde de cara a ejercer su actividad. Y esta sociedad se lo ha pedido directamente a la administración que se lo requiere.
Concretamente, al Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que ya se lo ha otorgado. Todo se lía más al aclarar quién forma la sociedad Gran Casino Sardinero: el propio gobierno y el Ayuntamiento de Santander a partes iguales –50% cada uno–. Ahora, los grupos parlamentarios PRC y PSOE han pedido explicaciones sobre este procedimiento. Concretamente, han solicitado la documentación relativa al expediente administrativo del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza al ICAF a que formalice el aval con el Casino.
Fuentes de la Consejería explican que la Sociedad Gran Casino Sardinero, como empresa titular de la autorización de funcionamiento de un casino de juego, entre las obligaciones impuestas para responder a la legislación vigente en la comunidad autónoma, tiene que depositar en el Gobierno de Cantabria un aval por importe de 300.000 euros cuyo destino es asegurar el cumplimiento de las normas de ordenación del juego. Con fecha 8 de abril de 2026, esta sociedad solicitó al ICAF un aval no financiero por importe de esos 300.000 euros con objeto de cumplir el Reglamento de Casinos de Juego. Y esta solicitud a esta entidad dependiente del Gobierno se justifica en el ahorro en coste financiero, ya que el ICAF ofrece mejores condiciones al tratarse de un organismo perteneciente al sector público de la comunidad autónoma.
Un millón en 2025
No es la primera vez que las administraciones aportan dinero al Casino. A finales de 2025, el Gobierno regional y el ayuntamiento santanderino tuvieron que inyectar un millón de euros –500.000 cada uno– para que la sociedad erradicase las deudas que arrastraba desde los años 90 y que se complicó más en la pandemia. La diferencia es que entonces fue un dinero que no iba a recuperarse y ahora se trata de un aval.
Cada uno de los dos propietarios aportó entonces medio millón para tratar de acabar con las deudas que arrastraba la entidad en los últimos años, sanear su situación contable y evitar así su disolución, algo a lo que obligaban las leyes de estabilidad nacional para aquellos entes públicos que acumulan números rojos en sucesivos ejercicios. Ese millón de euros quintuplica el dinero que ingresa la sociedad anualmente con los cánones que cobra por la externalización de los servicios de juego, por un lado, y de la hostelería, por otro, y que suman cerca de 200.000 euros.
Cabe recordar que hasta 2025 una parte de esas actividades sí las gestionaba directamente la sociedad Gran Casino de Santander, con personal propio que ahora ha quedado subrogado, no sin algunos problemas y conflictos.
A finales del año pasado, Gobierno y Ayuntamiento inyectaron un millón al Casino para que se hiciera cargo de sus deudas
Como garantizó entonces el presidente del consejo de Gran Casino, Enrique Pando, se trató de una acción puntual. El dinero serviría para pagar esas deudas que se empezaron a acumular hace cerca de tres décadas y aglutinaban diferentes conceptos, como pérdidas económicas del negocio o multas. Las administraciones lo tuvieron que pagar porque los pliegos anteriores –los nuevos se aprobaron a finales de 2023– contemplaban que las empresas externas tuvieran una ganancia mínima garantizada y era la sociedad pública Gran Casino Sardinero –Gobierno y Ayuntamiento– la que asumía las pérdidas en caso de que vinieran mal dadas.
Pero esta situación ha cambiado con el nuevo contrato. Con los nuevos pliegos, el Casino ha dividido los servicios de juego y hostelería (cada servicio con su canon) y los ha externalizado, por lo que las empresas que explotan cada servicio son quienes se quedan con los beneficios, si los hay, y quienes asumen las54 pérdidas. En el caso del juego, lo gestiona Comar desde 1998. El canon anual del servicio de juego es de 130.000 euros –se adjudicó a finales de 2024– y el de hostelería salió por 150.000 euros, aunque quedó desierto en un primer momento, y se adjudicó el verano pasado a la baja. En total, los dos cánones suman unos 200.000.
La situación ahora es diferente, pues los 300.000 euros que el Gobierno, a través del ICAF, ha depositado a la sociedad como aval son una cantidad que garantiza el cumplimiento de las normas de ordenación del juego, pero no se trata de un dinero a fondo perdido para salvar sus cuentas.
Fuente: eldiariomontanes.es
