Salón de Juegos de Mérida

El Gobierno y la Junta de Extremadura han iniciado conversaciones para resolver discrepancias sobre dos normas autonómicas, el decreto-ley de juego responsable, que entre otras cuestiones regula las casa de apuestasen la región, y el Estatuto de los consumidores, que fue reformado en febrero.

En el primer caso, el Gobierno considera ilegal el apartado que promueve mecanismos para prohibir la publicidad de todo tipo de apuestas deportivas en equipaciones, instalaciones y patrocinios.

Asimismo, estima irregular el artículo que exige autorización administrativa previa de la Junta para la apertura de locales presenciales abiertos al público y la instalación de equipos que permitan la participación en juegos a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos autorizados por la Administración del Estado.

En cuanto al Estatuto de consumidores, el Gobierno rechaza artículos dedicados a cláusulas abusivas y cesión de hipotecas a fondos de titulización, entre otros.

Fuente: hoy.es