La ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2020, que introduce todas las modificaciones fiscales y financieras necesarias para llevar a cabo las cuentas, incorpora una medida no relacionada directamente con el objetivo de la norma.
El proyecto de ley remitido por el departamento de Vicepresidencia al Parlament incluye una disposición que, de ser aprobada, convertiría la entidad que controla el juego y las apuestas en una sociedad anónima, aunque de capital público.
El cambio de naturaleza jurídica de esta entidad se incluye entre las disposiciones adicionales de la ley, que prevé convertir Loteries de Catalunya en una mercantil en el término de un año. Según lo dispuesto en la norma, la empresa resultante sería una sociedad unipersonal, con todo su capital bajo las manos de la Administración catalana y, en concreto, de la consejería de Economía. No sería por tanto una privatización, pero sí un cambio en el marco regulatorio de la empresa.
Esta modificación permitiría a la entidad comenzar a funcionar bajo la normativa más flexible de las empresas privadas y no como una pública, aunque su control siguiese, por el momento, en manos de la Generalitat. La parte reguladora sobre el juego que hasta ahora estaba incorporada en la entidad se desgajaría y no quedaría integrada en la mercantil, sino que seguiría siendo parte de la consejeria, como hasta ahora.
El Govern subraya que no se trata en ningún caso de una privatización sino de un cambio de naturaleza jurídica en la línea de la mayoría de operadores de lotería del mundo, incluyendo Loterías y Apuestas del Estado, que también es una sociedad anónima de capital público. Si en algún momento se quisiera cambiar la titularidad o vender una parte de las acciones, debería volver a modificarse la naturaleza jurídica mediante una ley en el Parlament. El departamento de Economía remarca además que los beneficios de la lotería de la Generalitat seguirá destinándose íntegramente a programas sociales, un modelo que es similar al que emplean países del norte de Europa.
La transformación de entes públicos en sociedades privadas ha sido una práctica ampliamente utilizada en administraciones tanto locales como autonómicas y, sobre todo, en la estatal. De esta forma se sacan determinadas empresas del marco regulatorio del sector público, más estricta, lo que elimina ciertas obligaciones, por ejemplo en materia de contratación, rendimiento de cuentas o selección de personal, y permite un mayor margen para actuar bajo criterios mercantiles.
Loteries de Catalunya es una entidad autónoma encargada de gestionar los sorteos de la Generalitat, como es la popular Grossa de Nadal, similar al sorteo de Navidad, o el 6/49, la Primitiva catalana, entre otras. Según figura en la ley de acompañamiento, a la nueva SA le corresponderá la organización y la gestión de la comercialización de estos juegos, además de «cualquier otra función que le pueda atribuir el Govern de la Generalitat», lo que abre la puerta a que pueda tener nuevas competencias.
La transformación de la lotería catalana de una entidad de derecho público a una mercantil es un paso que el Govern ya perseguía desde la pasada legislatura. En 2017 el proyecto de ley de acompañamiento, elaborado entonces por Oriol Junqueras, también pretendía incorporar una disposición prácticamente idéntica a la actual, que no llegó a ser incluida por el veto de la CUP. Después el Govern planteó la opción de presentarlo como decreto, pero acabó desistiendo por no encontrar aliados parlamentarios.
En Catalunya en Comú, formación con la que el Govern ha negociado los Presupuestos, subrayan que la nueva empresa seguirá siendo totalmente pública y que en su momento el departamento justificó el cambio para poder hacer modificaciones en los importes de los premios sin necesidad de elaborar y aprobar decretos. Recuerdan, además, que en el informe del Consell Econòmic i Social (donde están CCOO, UGT, Pimec, Foment del Treball y Unió de Pagesos, entre otros) no hacía ninguna observación sobre esta modificación ni cuestionaron la nueva situación jurídica. Los ‘comuns’ tienen previsto abstenerse a la ley, lo que facilitará su aprobación.
Fuente: eldiario.es
