A pesar de la preocupante indefinición en los plazos y la advertencia de los inversores de que su paciencia no es infinita -de hecho ya han flirteado con Chipre-, los agentes económicos e institucionales del Camp de Tarragona respiran más aliviados ante las últimas declaraciones respecto a Bcn World de pesos pesados como el ex presidente Artur Mas, el vicepresidente Oriol Junqueras o el conseller de Territori, Josep Rull, que expresan la voluntad política de impulsar el proyecto. Eso sí, redimensionado para reducir el impacto y ganar en sostenibilidad.
La voz más crítica ante la pasividad del Govern, la del alcalde de Salou, Pere Granados, suena ahora con mayor optimismo como portavoz de los representantes de las cámaras de comercio de Tarragona y Reus, las patronales Pimec, Cepta y Fecam (Cambrils), los empresarios turísticos (Federación de Hostelería, Asociación Hotelera de Salou-Cambrils-La Pineda, Zona Turística Salou) y los sindicatos CCOO y UGT, que la semana pasada se reunieron en el Consistorio salouense para evaluar los últimos inputs recibidos: «Valoramos positivamente el cambio de discurso… De la consulta popular ya ni se habla y los Centros Turísticos Integrados (CTI) -resorts con casino- se van a hacer, que es lo importante, como se deduce del compromiso público de los altos cargos de la Generalitat y de los contactos con los operadores».
Granados resta importancia al rediseño del Plan Director Urbanístico, aunque sí volvió a insistir en la celeridad que requieren los tempos del nuevo proyecto para no menoscabar la ya debilitada confianza de las empresas precalificadas, los tándems Melco-Hard Rock y Grup Peralada-Genting. «Los plazos los tiene que marcar el Govern, pero es evidente que no podemos perder más tiempo… El Plan Director era un proyecto de máximos para cuatro CTI, no hay ningún problema por adaptarlo a las necesidades de los dos que han quedado», explicó Granados.
El problema real deriva de una planificación urbanística que estaba en su fase final y que, si bien nadie se atreve explicar el trámite en detalle, deberá volver a la casilla de salida con la aprobación inicial del proyecto remodelado. En la práctica, eso significa una demora de al menos seis meses. «Hay mucho trabajo avanzado -reflexionó Granados-, y los plazos no deben ser tan largos como en el PDU anterior; sería razonable pensar en octubre, o final de año si hay algún obstáculo».
Afortunadamente nadie ha mencionado la reforma de la Ley del CRT que regula la fiscalidad de los casinos, como se inducía de las declaraciones del propio Junqueras hace sólo unos meses. Respecto a otro aspecto clave como es el plazo de 18 meses del contrato firmado entre Generalitat y La Caixa para la gestión de los terrenos, que expira el próximo 10 de junio, los agentes del territorio consideran que «no habrá problema para prorrogarlo o redactar uno nuevo; es evidente que La Caixa es la primera interesada en que los CTI salgan adelante».
Fuente: elmundo.es
