De acuerdo con las estadísticas del Inegi, los ingresos de casinos, loterías y otros juegos de azar entre 2003 y 2014 oscilaron entre 20 mil y 25 mil millones de pesos; en 2014 fueron de 21 mil 169 millones. Aquí no se cuantifica el monto de la actividad ilícita tanto en vivo como en línea que se estima millonario.
La importancia de este sector dentro del PIB es muy baja, de 0.14 por ciento en 2014. Para Ezequiel González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, la razón central de esta situación obedece al hecho de que el juego en México “es una actividad concebida como un asunto de gobernabilidad más que como un tema de agenda económica o social. La regulación parte de una política pública con principios restrictivos”.
Esto repercute también en materia fiscal. Gabriela Ríos, del mismo instituto, dice que no hay una agenda clara en este renglón. Las empresas tienen que pagar el ISR, el IEPS y los derechos por los permisos respectivos federales, y atender las demandas de los estados y municipios.
“Esto genera una carga impositiva diferenciada que va de 60 a 70 por ciento por el pago de impuestos, aprovechamientos y por derechos mercantiles. Como en otros países, debería crearse una entidad especial, un Consejo Autónomo que fiscalice y supervise esta actividad; se eliminan ambigüedades que conducen a lo ilícito”.
Ambos especialistas presentarán esta tarde en el Jockey Club del Hipódromo de las Américas los resultados académicos de su investigación sobre el juego con apuestas. Son dos tomos intitulados “Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuesta”, que serán presentados por José Ignacio Cases, vicepresidente de la Fundación Codere, y Pedro Salazar, director del IIJ, entre otros.
Fuente: milenio.com
