Póquer online
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La ley que regula a la industria de juegos y sorteos en México cumple 70 años sin ser renovada, pues data de 1947, lo que provoca vacíos de vigilancia como la supervisión a los juegos de apuesta en línea. Actualmente existen más de 2 mil 500 páginas web de apuestas que no pagan impuestos, y la situación pareciera no importar a los legisladores.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en conjunto con la Fundación Codere y la consultora GEA (Grupo de Economistas y Asociados), realizaron una investigación en donde detectaron la ausencia de reglas operativas para juegos por internet, y también la falta de transparencia en el destino de los recursos que se cobran por impuestos a casinos y operadores de los juegos de apuestas.

A pesar de que en 2004 se diseñó el reglamento que acompaña a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, creada en 1947, éste omitió implementar reglas claras para los juegos en línea y con ello evitar delitos como el lavado de dinero, robo de identidad y malversación de recursos.

Es alarmante porque México se está quedando rezagado. La regulación es anticuada, estamos atados a un lastre de 1947 que no nos ha permitido avanzar, porque bajo esta ley, no se tenía idea del internet ni de sus alcances”, dice Gabriela Ríos Granados, investigadora de la UNAM y autora del libro Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas en México.

De acuerdo con datos de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la industria del Juego de Apuestas en México (AIEJA), el juego en línea obtiene ingresos por apuestas de alrededor de 300 millones de dólares anuales libres de impuestos, además de que ya suman más de dos mil 500 portales de Internet que ofrecen juegos de apuesta y no son supervisados por la Secretaría de Gobernación (Segob), autoridad responsable de vigilar a los operadores de esta industria.

Mientras que el juego de apuestas por internet no contribuye a la recaudación de impuestos, el juego presencial, que sí está regulado por la ley actual, paga entre tres mil y cinco mil millones de pesos de impuestos al año.

Los operadores de casinos tienen que pagar 30 por ciento por concepto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), además de un dos por ciento de aprovechamiento que se paga a la Segob por derechos del permiso para operar, el uno por ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre premios pagados, además de que los Estados implementan el cobro de impuestos locales.

Mientras el juego presencial es una actividad regulada de manera excesiva, el juego on line, que está creciendo a nivel internacional con más celeridad, la legislación no lo toma en cuenta”, critica Manuel González, presidente de GEA.

Para la creación del libro que pone en evidencia las fallas regulatorias en la industria del juego en México, la académica de la UNAM y especialista en temas fiscales, solicitaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) los datos sobre el destino de los recursos que se obtienen de la recaudación de impuestos a casinos.

Según la Ley, estos ingresos serían utilizados para la seguridad en las instalaciones de las salas de juego y de las entidades federativas donde se encuentren, sin embargo, el INAI no respondió a las solicitud de la UNAM.

Hicimos solicitudes que no fueron respondidas sobre hacia dónde se va el dinero que pagan los 33 permisionarios, que están debidamente registrados. No se sabe cómo se gastan o cómo se supervisan estos juegos y actividades por parte de la Segob”, comenta Ríos Granados.

Ante ello, los especialistas proponen que la Segob no fuera la única instancia encargada de vigilar la operación de los participantes de la industria del juego, pues el tema de la recaudación de impuestos le correspondería también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) le convendría la vigilancia a este sector para el tema del lavado de dinero.

México no tiene una política pública adecuada para el desarrollo del sector del juego con apuesta, hay un espacio enorme para avanzar en nuestro país. La actividad de juego con apuesta no ha florecido como debe de ser, en México representa el 0.14 de PIB de México, pero se podría aspirar a que esta cifra fuera el doble, lo que significa tener 28 mil millones de pesos agregados a la economía de manera anual”, dice el presidente de GEA.

Para el titular de dicha consultora, si se lograra una nueva regulación y se obtuvieran al menos 28 mil millones de pesos más a la economía nacional por concepto de una mejor vigilancia de la industria, se generarían 364 mil nuevos empleos. Actualmente los juegos con apuesta generan alrededor de 160 mil empleos, según datos de la AIEJA.

A pesar de los beneficios que traería a la economía el renovar la regulación vigente, poco es el interés de los legisladores en este tema, según declaraciones de los especialistas del sector.

Nos queda claro que a los legisladores mexicanos no les interesa el tema del juego con apuesta, pues en los últimos 20 años se han presentado sólo nueve iniciativas para impulsar un cambio en la legislación y ninguna ha fructificado”, asegura el titular de GEA.

Sin el interés de legisladores o de autoridades para renovar la legislación, el juego de apuesta en México se mantiene a través de una regulación casi obsoleta, que no coadyuva a eliminar el estigma bajo el cual sobreviven los operadores de casinos, el de lavado de dinero y corrupción.

Tenemos una ley pensada por nuestros abuelos pero que estamos usando para los juegos que jugamos en nuestros dispositivos móviles”, reclama Ezequiel González Matus, investigador de la UNAM.