El lunes día 12 de febrero se celebró una reunión en el Comité Olímpico Español, entre las Federaciones Deportivas Españolas (AFEDES) y representantes de los partidos políticos, con motivo del debate sobre la nueva Ley del Deporte, al que asistieron Roberto Núñez y Ricardo Navacerrada de Ciudadanos; Iván García, Javier Antón y Juan Luis Soto del PSOE; Teresa Arévalo de Unidos Podemos; y Gerard Figueras de PdCAT donde se reclamo un marco financiero y fiscal que permita evolucionar hacía un modelo mixto con participación de la sociedad.
Después de esta reunión y de la necesidad imperiosa de un marco estable de financiación que tienen las Federaciones españolas y el deporte base en general que ocurre el próximo miércoles 21 de febrero en la Sesión nº38 de la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados en la que se debatirá y votará la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en fecha 2 de marzo de 2017 (publicada en el BOCG de 14 de marzo de 2017. Serie D. Núm 122. Págs. 48-49).
En ella se contemplaba una alternativa para dotar de una financiación sostenible al deporte base y federativo y a la industria de las carreras de caballos. Recordemos el tenor de la misma:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las apuestas deportivas y e hípicas en favor del deporte base y la industria productiva, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La Ley 13/2001, de 27 de mayo, de Juego, en vigor desde el 28 de mayo de 2011, recoge un derecho de retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las apuestas deportivas y e hípicas en favor del deporte base y la industria productiva de las carreras de caballos. En concreto, su disposición adicional sexta señala lo siguiente:
«Reglamentariamente se fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las apuestas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al deporte y a las competiciones deportivas organizadas en España, en el caso de las apuestas deportivas y de retorno a las sociedades organizadoras de carreras de caballos en España en el caso de las apuestas hípicas, todo ello sin perjuicio de lo previsto en lo Disposición Adicional tercera. El Real Decreto que desarrolle la presente Ley establecerá asimismo el régimen de participación y distribución que corresponda por las obligaciones de proporcionar los datos y resultados oficiales de las competiciones deportivas y de garantía de la integridad en el desarrollo de las mismas, así como, en el caso de las carreras de caballos, por la propia organización de las carreras y su contribución al mantenimiento de la industria productiva.»
Desde la fecha 5 de junio de 2012, en que los operadores de juego que obtuvieron las correspondientes licencias singulares de apuestas empezaron a ofertar estas de manera legal, hasta nuestros días, han pasado casi 5 años sin que esta disposición se haya desarrollado.
Durante este tiempo las empresas licenciatarias de apuestas han recaudado ingentes cantidades de dinero llegando en 2015 a sumar más de 4.200 millones de euros y a falta del dato exacto, que la Dirección General de Ordenación de Juego incorpore a la Memoria/Informe anual de Juego 2016, en este año se habrá recaudado cerca de 5.000 millones de euros. Entre tanto, en los últimos años, el recorte de las subvenciones a las federaciones deportivas como consecuencia del descenso de la partida destinada al CSD en los Presupuestos Generales, ha sido muy importante. De los 198,6 millones de 2009 dedicados al Fomento y apoyo de las actividades deportivas, 73,3 correspondiente a Federaciones a 170,3 millones de 2016 y 46,1 correspondiente a Federaciones.
En ese sentido se ha hecho una llamada tanto por parte de estas federaciones deportivas como por el Comité Olímpico Español a que se está comprometiendo seriamente no solo los resultados del deporte de Alta Competición, en el que España, ha obtenido tantos y tan buenos resultados lo que indudablemente ha redundado en la marca y reconocimiento de nuestro país, sino también a la propia supervivencia de las estructuras del deporte federado cada vez más carente de recursos y medios para favorecer el mantenimiento de muchas especialidades deportivas.
Por otra parte, el movimiento del deporte que se desarrolla fuera del ámbito federado, y que es mayoritario, y se organiza en diferentes ámbitos institucionales (colegios, universidades, ayuntamientos…) cada vez tiene mayores dificultades para desarrollarse de manera adecuada y las numerosas instalaciones con las que se cuenta para poder promocionar de manera adecuada el deporte y las actividades deportivas ya resultan insuficientes por obsoletas y faltas de adecuada renovación y/o mantenimiento.
A esto hay que añadir, lo relativo a la industria de las carreras de caballos, que a pesar de los esfuerzos comprometidos por la SEPI y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la aprobación en fecha del Real Decreto 716/2005 por el que se restablecían las apuestas hípicas externas de ámbito nacional con el fin de recuperar para España este importante sector económico, que lo es y mucho en nuestros países más cercanos en el entorno europeo, han resultado un fracaso en el modelo de gestión (Hipódromo de la Zarzuela, S.A., en constantes pérdidas y apuestas externa (Lototurf y Quíntuple Plus recaudando cantidades ridículas), estando el sector, otra vez, en una situación crítica a falta de desarrollo de la que, en la mayoría de países en donde las carreras de caballos es un sector de éxito que genera empleo y riqueza, es su principal fuente de riqueza las apuestas externas sencillas en todas sus modalidades.
El espectacular descenso de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes y el gris panorama que se cierne sobre las posibilidades de un incremento en los subsiguientes Presupuestos Generales del Estado, así como la crisis que desde hace años se cierne sobre el sector de las carreras de caballos, y el modelo en el que se está desarrollando, ahora más que nunca, hacen necesario no dejar pasar más tiempo para desarrollar este derecho adquirido que tiene el deporte y el sector de las carreras.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desarrollar el reglamento señalado en la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Juego para que se pueda conseguir una financiación suficiente y sostenible en el tiempo para que con carácter finalista se garantice el desarrollo y la promoción del deporte base, la financiación de las estructuras del deporte amateur y profesional y la participación en competiciones internacionales y para que, con carácter fundamental, se pueda disponer de recursos para poder perseguir e impedir las conductas que lesionan la integridad del deporte, especialmente en lo atinente a las apuestas ilegales y la manipulación de los resultados deportivos en competición y al “doping”.
- En igual medida para que se pueda conseguir el adecuado sostenimiento de los órganos reguladores y sociedades organizadores de carreras de caballos y la industria productiva de este sector, que en los países de nuestro entorno resulta ser muy importante y es productor de riqueza y empleo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2017.—Rodrigo Gómez García, Diputado.—Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
