Es medianoche de un jueves en Buenos Aires y en un restaurante un comensal pide una parrillada completa. Trabaja en una de las grandes compañías de juegos de azar que han expandido en las últimas tres décadas este negocio en Argentina.
Confiesa lo que periodistas y políticos sospechan o saben: parte de lo recaudado por las tragaperras en casinos, bingos y otras salas de juego escapa al control del Estado y una porción de ese dinero financia supuestamente campañas electorales.
Accionistas y ejecutivos de juegos de azar suelen aparecer en la lista de donantes oficiales de políticos de casi todos los colores. «Pero también hay dinero negro que financia a la política. Los casinos mueven todo en efectivo, les pueden dar plata ya a los políticos para organizar mañana un acto«, asegura el periodista Ramón Indart, que junto con su colega Federico Poore publicó el libro El poder del juego. El gran negocio de la política argentina (Aguilar).
El exdiputado Walter Martello, autor del libro No va más. Los vínculos entre el juego y la política en la provincia de Buenos Aires, opina: «El problema no es cuánta plata ponen, sino la íntima relación que tienen los actores poderosos del juego con los políticos». Empleados de estos grupos acaban en cargos públicos.
El periódico La Nación contó que los equipos de recaudación de fondos de los tres principales candidatos presidenciales para las elecciones de octubre, el kirchnerista moderado Daniel Scioli, el peronista opositor Sergio Massa y el conservador Mauricio Macri, «se acusan de recibir bolsas semanales del juego«. Massa, no obstante, ha sorprendido con una propuesta para estatalizar el juego. «Necesitamos un país con más educación y menos timba», dijo.
También Gabriela Michetti, rival interna de Macri en el partido Propuesta Republicana (Pro), defendió este fin de semana que «hay que poner absoluta restricción al juego«. Candidata a suceder a Macri en la alcaldía de Buenos Aires en las primarias del próximo día 26, Michetti advirtió: «Si no, vamos a tener, por un lado, a los narcotraficantes; por otro, a los empresarios del juego. Cada uno va a tener fortunas impresionantes y el nivel de competencia con el Estado va a ser brutal».
En Argentina, la ley exige que el 85% de lo recaudado en juegos de azar revierta en los premios. El 15% restante se reparte entre las empresas concesionarias de salas de juego y los Estados nacional o provincial, en proporciones que cada distrito establece. En España el máximo que puede repartirse en premios es el 65%, aunque algunas comunidades autónomas solo permiten el 54%. En Italia y México los apostantes solo pueden llevarse el 75%. «La gran clave del negocio es ese 85%«, sospecha Martello, que pertenece al Frente Renovador de Massa.
La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos se defiende de las acusaciones. «No hay industrias con controles similares a la nuestra. Siempre hay oportunidades de mejoras, pero en la provincia y la ciudad de Buenos Aires se avanzó un montón«, afirman fuentes de la patronal, que añaden que si hubiese fraude o financiación ilegal de políticos, «habría evidencias en la justicia».
Argentina es el cuarto país del mundo en pérdidas de la población por apuestas en relación con el PIB, solo detrás de Filipinas, Armenia y Australia, según el libro de los periodistas Indart y Poore. Tiene una tragaperras por cada 570 habitantes, frente a una máquina por cada 1.569 en Chile, 644 en Uruguay y 453 en EE UU.
Fuente: EL PAÍS
