Bolas de bingo
Bolas de bingo

Aunque se podrán dar más licencias, no se podrá superar el número jugadores que suman el aforo máximo de todas las salas que operen en la ciudad.

El Gobierno aprobó ayer en solitario el reglamento que limita el número se plazas en las salas de bingo no sin antes hacer frente a las acusaciones del MDyC sobre un presunto trato de favor a la empresas del sector para favorecer el monopolio de una familia “con conexión” con el ex ministro Arias Cañete. Fatima Hamed arremetió directamente contra el Ejecutivo para acusarlo de tramitar “con prisas” un reglamento que la localista entiende que busca evitar la llegada de “un competidor potente” al limitar a 600 el número de plazas totales que pueden sumar las distintas salas de bingo en la ciudad.

No obstante, desde el Gobierno, Susana Román defendió que precisamente limitar las plazas y no el número de salas, como así hubiera sido posible hacer, permite atender futuras solicitudes de apertura. Además, subrayó que la modificación del reglamento se lleva tramitando desde el mes de enero, cuando el Consejo de Gobierno aprobó su adaptación a la nueva ley de Loterías y Apuestas del Estado. “Si eso son prisas, dígame que cree que es ir lento”, ironizó Román que reprendió a Hamed sus críticas de “amiguismos” las cuales achacó a una “falta de argumentos técnicos o políticos”.

Román, que no escondió su molestia tras escuchar las palabras de Hamed, le advirtió a la localista que tendrá que “demostrar sus acusaciones”. “El documento está perfectamente informado, no sólo por los técnicos de la casa, si no que el Consejo de Estado lo ha venido a completar”, trasladó la consejera para insistir en que el Gobierno “no actúa por amiguismo”. “Me parece sangrante que cuando uno no tiene argumentos para una crítica política o técnica acuda a hablar de familias”, apostilló.

En cuanto a las modificaciones, la consejera también explicó que la limitación del número de plazas a 600 no afecta a las salas de bingo que actualmente están abiertas y que para los premios se ha fijado una cuantía máxima del 60% del valor facial del total de los cartones vendidos. Cantidad que se puede modificar en más o menos tres puntos porcentuales.

Desde el PSOE, que se abstuvieron en la votación, valoraron los cambios pero señalaron cómo echaban en falta que no se hubiera aprovechado la oportunidad para explorar cómo aumentar los recursos económicos de la Ciudad a través del juego en general. “Es un asunto complejo porque la legislación es complicada, pero tenemos ejemplos muy cercanos de lugares dónde el juego supone una fuente de ingresos muy importante”, expuso José María Más. Un guante que Román recogió para comprometerse a estudiar esta posibilidad.

Fuente: elpueblodeceuta.es