actualizado: 13 Jul 2020

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El Principado de Asturias somete a información pública el decreto con el que limitará la actividad en la región

Antes de que el coronavirus lo pusiera todo patas arriba, la sociedad asturiana tenía otras preocupaciones. Pero la pandemia alteró el orden de prioridades y, ahora que parece que la situación está controlada, al menos momentáneamente, esa agenda vuelve a estar encima de la mesa.

Una de las asignaturas pendientes es la regulación del juego y las apuestas, y la Consejería de Hacienda del Principado acaba de someter a información pública un documento con el que pretende regular la actividad en la región. Entre las propuestas más importantes figura la de limitar el número de licencias a las que ya están en vigor -o en trámite- y no conceder más. Además, el Principado se reserva la potestad de revisar cada tres años esa cifra de permisos.

En últimos años, en toda España ha proliferado la apertura de casas de apuestas. Junto a ellas, las feroces campañas de publicidad llevadas a cabo por las empresas, especialmente en ámbitos deportivos, han propiciado un importante aumento del negocio. Paralelamente, hace tiempo que comenzaron a surgir grupos de protesta que pedían que este tipo de establecimientos se alejasen de las zonas frecuentadas por menores y de los barrios más desfavorecidos, donde estaba provocando graves problemas de ludopatía. Conscientes de los inconvenientes que estaba generando esta nueva realidad, las administraciones han recogido el guante y puesto límites a la actividad.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda está tramitando el procedimiento de elaboración del decreto por el que se fijan criterios a los que han de ajustarse las actividades propias de los juegos y apuestas y criterios por los que se regirá la concesión de autorizaciones en el Principado de Asturias. La propuesta incluye varios puntos, pero el más destacado es el relativo a la concesión de licencias. Es tajante: «el número máximo de autorizaciones para la instalación de casinos de juego, salas de bingo, salones de juego y locales de apuestas se limita a un casino de juego, seis bingos, veintiocho salones de juego y nueve locales de apuestas».

A esa cifra podrán añadirse las que ya están en trámite de aprobación, pero ninguna con fecha posterior a la entrada en vigor de este nuevo decreto. Además, ese documento recoge que «no está prevista la concesión de autorizaciones para los establecimientos y locales de hipódromos, pistas hípicas, canódromos y otras instalaciones, establecimientos o lugares análogos donde se desarrollen actividades susceptibles de ser objeto de apuestas».

La propuesta de hacienda también refleja que si con posterioridad a haberse alcanzado el número máximo previsto se produjese la extinción de alguna o de algunas de las autorizaciones, el número máximo autorizado «se minorará en una cantidad igual a la autorización o autorizaciones extinguidas». Además, el Consejo de Gobierno podrá revisar, cada tres años, el número máximo de establecimientos de juego y apuestas previstos.

Distancias

El decreto también contempla una zona de influencia en la que no podrán ubicarse nuevos establecimientos para la práctica de juegos y apuestas por la proximidad de un centro de enseñanza. A estos efectos, se consideran incluidos en la previsión anterior aquellos centros en los que se impartan las enseñanzas que ofrece el sistema , salvo los centros de educación a personas adultas y los centros de enseñanza universitaria.

Esa zona de influencia será de cien metros, y la distancia a los mencionados centros se medirá en línea recta entre el punto más próximo de los accesos normales de entrada o salida del centro hasta el punto más próximo de la fachada del local.  En esta zona tampoco podrá autorizarse la publicidad, patrocinio o promoción de actividades de juegos y apuestas.

Control de acceso

En cuanto a las medidas de acceso, la propuesta de Hacienda señala que los establecimientos de juego y apuestas deberán disponer de un servicio de control de acceso, situado a la entrada del local, que se encargará de «la identificación y registro de las personas usuarias que acudan al establecimiento». También recoge que en el interior de los establecimientos no se podrá instalar, explotar o permitir la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos de entidades financieras y que los operadores no podrán conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito o asistencia financiera a los participantes, ni se podrán publicitar dichos servicios.

Otro aspecto relevante que contiene el decreto es que «queda prohibida la publicidad de juegos y apuestas en instalaciones deportivas públicas».

El BOPA recoge que existe un plazo de 20 días hábiles para este periodo de información pública para que puedan formular alegaciones cuantas entidades y particulares lo deseen.

Fuente: lavozdeasturias.es

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