La familia fundadora de la empresa de apuestas Codere se reinventa tras ser apartada de la gestión en 2018, después de años de enfrentamiento con sus fondos de inversión.
Ahora, la saga Martínez Sampedro mantiene participaciones inmobiliarias y vehículos patrimoniales mientras continúa su batalla judicial con la compañía que crearon dos hermanos a finales de los ochenta.
La venta de Cirsa a la italiana Lottomatica vuelve a poner el foco sobre Codere, el otro gran nombre del juego de origen español. La operación que convertirá a Cirsa en una compañía controlada por un gigante italiano deja a Codere como el principal grupo de juego de origen español por ingresos, pero con una diferencia fundamental respecto a sus primeros años: la familia que lo fundó hace ya tiempo que dejó de controlar la compañía. Cerca de 80 fondos internacionales son ahora sus propietarios y buscan comprador para una empresa que los hermanos Martínez Sampedro levantaron desde finales de los años ochenta.
El apellido Martínez Sampedro sigue, sin embargo, ligado a Codere. No por su posición actual en el capital o en la gestión, sino por ser el de la familia que puso en marcha el negocio junto a la familia Franco, propietaria de Recreativos Franco. José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro fueron durante décadas las caras visibles de una empresa que llegó a convertirse en una multinacional del juego y las apuestas, con presencia en numerosos mercados y cotización en Bolsa.
La historia terminó de forma abrupta en 2018, cuando los fondos acreedores que habían tomado el control de Codere apartaron de la dirección a los dos hermanos. La familia había perdido previamente la mayoría del capital como consecuencia de la reestructuración financiera que evitó la quiebra de la compañía. Aquella operación transformó radicalmente la propiedad: los acreedores pasaron a controlar la mayoría de Codere y los Martínez Sampedro quedaron relegados a una participación minoritaria.
Desde entonces, los antiguos propietarios han desarrollado sus inversiones al margen de la compañía que fundaron, aunque sin cerrar completamente la batalla con ella. La relación entre Codere y la familia ha estado marcada por recursos, reclamaciones y litigios durante años. El último episodio conocido llegó incluso a los tribunales por unos dispositivos electrónicos que José Antonio Martínez Sampedro conservaba después de su salida.
El final de una dinastía empresarial
Para entender la situación actual hay que retroceder a los años ochenta. La familia Martínez Sampedro constituyó Codere a finales de esa década junto a los Franco, vinculados al negocio de las máquinas recreativas. El proyecto creció hasta convertirse en uno de los grandes operadores españoles del sector del juego, con una combinación de bingos, máquinas recreativas y posteriormente apuestas deportivas.
José Antonio Martínez Sampedro terminó ocupando la presidencia ejecutiva y Luis Javier asumió la vicepresidencia, además de encargarse durante años de la expansión internacional. Durante tres décadas, la familia estuvo al frente de la empresa. El crecimiento permitió a sus miembros acumular importantes patrimonios y convertirse en una de las familias más conocidas del sector del juego español.
Pero el endeudamiento terminó poniendo en cuestión ese control. Codere llegó a acumular alrededor de 1.100 millones de euros de deuda y tuvo que afrontar una profunda reestructuración financiera entre 2014 y 2015. Los acreedores aceptaron convertir buena parte de sus préstamos en capital para evitar el concurso, a cambio de hacerse con la mayoría de la compañía.
Los Martínez Sampedro, que antes del rescate controlaban alrededor del 70% de Codere, se quedaron con cerca del 18%. Los acreedores pasaron a controlar el 82%. La operación permitió salvar a la empresa, pero cambió para siempre la posición de la familia dentro del grupo.
La posterior destitución de José Antonio y Luis Javier en enero de 2018 terminó de romper el vínculo entre los fundadores y la gestión de la empresa. El consejo sustituyó a José Antonio como presidente y a Luis Javier como vicepresidente. Norman Sorensen Valdez asumió la presidencia no ejecutiva y Vicente Di Loreto se convirtió en director general.
La decisión provocó una fuerte oposición de los representantes de la familia, que votaron en contra y anunciaron una batalla legal. El conflicto no terminó con su salida de los puestos ejecutivos. Desde entonces se han sucedido distintos litigios relacionados con la gestión de la compañía, la reestructuración de la deuda y las responsabilidades de sus antiguos gestores.
Del juego al patrimonio familiar
La salida de Codere obligó a los Martínez Sampedro a reorganizar también su patrimonio. Durante años, la familia había canalizado parte de sus inversiones a través de diferentes sociedades y vehículos financieros. Entre ellos figuraba Masampe BV, una sociedad radicada en Holanda que sirvió para canalizar la participación de los Martínez Sampedro en el gigante del juego.
Uno de los movimientos más recientes ha sido la transformación de Solgim Inversiones. La sociedad, que durante años funcionó como sicav y estaba presidida por José Antonio Martínez Sampedro, causó baja como sociedad de inversión de carácter financiero en los registros de la CNMV el pasado 12 de marzo. En su consejo figuraban también su hermano Luis Javier y sus hermanas Encarnación y Carmen.
Tras su baja como sicav, Solgim se convirtió en sociedad limitada. José Antonio y Encarnación Martínez Sampedro aparecen como administradores solidarios y como socia única figura Antonia Sampedro Valdivia, que sería tía de ambos.
La transformación se produjo después de que la sociedad aprobara una reducción del capital social emitido en nueve millones de euros mediante la amortización de 907.718 acciones de diez euros de valor nominal que mantenía en autocartera. Un movimiento que se encuadra en la reorganización de los vehículos patrimoniales de la familia después de su salida de Codere.
La sicav contaba, según los datos disponibles antes de su baja, con un patrimonio de 2,55 millones de euros, de los que alrededor de 1,3 millones estaban invertidos fuera de España. Su gestión correspondía a Mirabaud, la misma entidad suiza que administra otro vehículo vinculado a Luis Javier Martínez Sampedro.
Luxemburgo y el patrimonio de Luis Javier
Luis Javier Martínez Sampedro mantiene desde hace años una estructura patrimonial en Luxemburgo. Se trata de M Global Solutions, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) luxemburguesa de la que comunicó en septiembre de 2019 que poseía el 100% de las participaciones. En aquel momento figuraba afincado en Panamá.
Las cuentas depositadas de este vehículo reflejaban unos activos de 11,78 millones de euros al cierre de 2019, ligeramente por encima de los 11,5 millones registrados al comienzo de ese ejercicio, aunque muy lejos de los 24,6 millones que había llegado a acumular a finales de 2016.
La actividad patrimonial de Luis Javier se desarrolló en paralelo a su papel en la expansión internacional de Codere. El exvicepresidente fue durante años una de las personas encargadas de impulsar el crecimiento de la compañía fuera de España, antes de quedar apartado de la dirección junto a su hermano.
La familia también diversificó sus inversiones hacia el sector inmobiliario. Tras perder el control de Codere, los Martínez Sampedro canalizaron parte de su patrimonio mediante sociedades como Argade, vinculada a operaciones en el ladrillo. El objetivo era reducir la dependencia de una única compañía después de que la reestructuración financiera de Codere hubiera transformado radicalmente su patrimonio empresarial.
Una guerra que continúa en los tribunales
La pérdida del control de Codere no puso fin a los enfrentamientos. En enero de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a José Antonio Martínez Sampedro a devolver a Codere varios dispositivos electrónicos que había conservado desde su salida de la compañía en 2018.
La lista incluía tres iPads, dos iPhone y un ordenador portátil que habían sido entregados por Codere para el desempeño de sus funciones ejecutivas. La compañía defendió que los dispositivos debían ser devueltos una vez terminado su vínculo profesional con la empresa.
El conflicto tenía además otra dimensión: Codere sostenía que los aparatos contenían información confidencial de la compañía y reclamaba que fueran entregados con su contenido inalterado. El juzgado de primera instancia de Alcobendas ya había dado la razón a Codere en una sentencia de octubre de 2021, posteriormente recurrida por Martínez Sampedro.
Este episodio es solo uno de los capítulos de una guerra empresarial que se inició con la pérdida del control de Codere y que ha atravesado diferentes tribunales. La familia y la compañía han mantenido posiciones enfrentadas sobre la gestión del grupo y sobre las operaciones financieras que acabaron entregando el control a los acreedores.
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