CEJUEGO (Consejo Empresarial del Juego) y ANESAR (Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos) han denunciado hoy los “graves” errores técnicos que contiene el borrador de decreto sobre salones de juego y locales de apuestas de la Comunidad de Madrid, señalando que este borrador es “efectista y oportunista”, que contiene “medidas desproporcionadas” y que no contribuye a la ordenación del sector.
Ambas asociaciones, que han presentado alegaciones a este borrador, destacaron quedurante más de ocho años han estado pidiendo a las autoridades medidas planificadoras, unas medidas que “siempre han sido desestimadas” y que ahora quieren implantarse de “forma rápida” y sin dialogar con el sector privado. CEJUEGO y ANESAR han resaltado que están, y siempre han estado, a favor de la planificación y de que la Comunidad de Madrid regule las distancias de forma ordenada y coherente, ya que es la mejor garantía de un desarrollo controlado y sostenible que, además, transmite sensación de seguridad a la ciudadanía.
Sin embargo, han cuestionado la disposición que establece únicamente una distancia mínima de 100 metros entre salones de juego y locales de apuestas y centros escolares, puesto que no aborda la situación real de la Comunidad de Madrid ni la proliferación de estos establecimientos en ciertas arterías comerciales por lo que el número de salones seguirá creciendo y concentrándose. Por ello, ambas asociaciones han solicitado que se establezcan distancias entre establecimientos de juego, como ya se hace en 14 Comunidades Autónomas.
Asimismo, mostraron su oposición a que esta disposición afecte a las empresas que en el momento de la renovación de la autorización estén instaladas a menos de 100 metros de un centro de enseñanza. “Esta medida no está presente en ninguna otra Comunidad Autónoma, atentaría contra de la seguridad jurídica de los establecimientos ya instalados y supondría el cierre de más del 20% de salones de juego y casas de apuestas en la Comunidad de Madrid”, explicaron.
Tolerancia “cero” al acceso de menores
Estas asociaciones reiteraron, además, que el sector tiene “tolerancia cero” al acceso al juego de menores y de todas aquellas personas que se han inscrito en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. En este sentido, enfatizaron que las acciones que han puesto en marcha son eficaces, ya que, según datos de la propia Comunidad de Madrid, de 22.810 inspecciones realizadas en 2017, únicamente se detectó la presencia de 22 menores.
En este punto, se han opuesto a la disposición que obligaría a los salones de juego y a los locales de apuestas a tener que contar con personal dedicado de forma exclusiva al control de admisión. “No entendemos por qué la Comunidad de Madrid quiere solucionar normativamente un problema que ella misma reconoce que no es tal. Estamos de acuerdo y apoyamos que se establezcan mecanismos de control, pero siempre que sean proporcionales a las características del tipo de establecimiento”, recalcaron los representantes de estas asociaciones.
El sector puso de manifiesto que siempre estará al lado de la Administración para que se cumpla este reto, aunque solicitó que se regule el control de acceso en función de las características propias de cada establecimiento. “No se puede exigir un control mayor que el que tienen los casinos a establecimientos que tienen entre 50 y 200 metros cuadrados. Por eso, pedimos que el control de admisión sea similar al de los bingos, con la posibilidad de que se realice por medios tecnológicos homologados que son plenamente eficaces y eficientes”, añadieron. De llevarse a la práctica esta disposición, Madrid sería también la primera en la que existe este tipo de control de admisión en todo el país y podría implicar el cierre del 25% de estos establecimientos.
El sector cuestionó también otras medidas incluidas en el borrador del decreto, que no afectan a la ciudadanía, pero que van en contra de la libertad de empresa, como el regular la forma contractual de las casas de apuestas, que no tiene relación alguna con el objetivo que persigue la norma y en cambio añade una traba más al desarrollo empresarial.
El sector del juego en la Comunidad de Madrid realiza una importante contribución económica, creando más de 37.000 empleos directos e indirectos y contribuyendo con más de 140 millones de euros por concepto de tasa de juego. De aprobarse el nuevo decreto podría suponer el cierre de más de 140 salones de juegos y 80 locales de apuestas y una pérdida de 1.400 empleos.
