actualizado: 2 Dec 2020

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El sector del juego y apuestas de Castilla y León exige reabrir en la Comunidad porque «somos clase trabajadora»

Crean una plataforma de representantes en Castilla y León para pedir restringir también la competencia con el juego online, las apuestas del Estado o contra el juego clandestino.

Los trabajadores del sector del juego de Castilla y León pidieron hoy la apertura de los establecimientos del sector atendiendo a criterios epidemiológicos y mantener los ERTES mientras se mantengan las restricciones de movilidad, horarias y de aforo como fórmula para evitar despidos masivos, restringir la publicidad en el juego online y en las apuestas del Estado «hasta igualar la Ley con el presencial» y aumentar la persecución del juego clandestino.

Así lo aseguran tras crear una plataforma y regional estatal surgida ante la «presión mediática populista, sobre todo en las redes sociales, fomentada por sectores que no han entendido que detrás de las empresas existen numerosas familias que viven de este sector, que somos clase trabajadora«. Hay que recordar que la Junta cerró estos establecimientos de apuestas presenciales una semana después del resto de la hostelería.

El sector del juego presencial representa, recuerda, casi el 1% del PIB del Estado. Este sector mantiene, entre trabajadores directos e indirectos, unos 300.000 empleos. «Datos complicados» de buscar porque gran parte del sector se encuentra ubicado en otros convenios, como hostelería, limpieza, metal, etc., dado que no existe uno sectorial a día de hoy.

Así, la plataforma reclamó una apertura del sector con criterios epidemiológicos. En este apartado, el comunicado señaló que «además de trabajar con una afluencia de público mínima hay registros de prohibidos y está negada la entrada a menores, lo que facilitaría un supuesto rastreo«. En todo caso, sostuvieron, «no ha habido casos de contagio en el sector«.

También abogan por mantener los ERTES mientras se mantengan las restricciones y pidieron ayudas por los cierres obligatorios. Otro punto en el que abundan es la persecución del juego «clandestino«, que «no está desempeñándose con la diligencia que cabría esperar«. «Invertir en recursos para controlar la actividad ilegal es invertir en mantenimiento de empleo de calidad y en luchar contra una lacra social y una estafa a las arcas públicas«, defendieron.

Igualmente, demandaron intolerancia ante los mensajes de odio y exigieron una «rectificación» por parte de los cargos públicos que los han lanzado.

Fuente: ileon.com

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