Una cincuentena de empresarios reclaman frenar la prohibición del Consell mientras la Red de Atención a las Adicciones pide que se actúe contra las ya en marcha.
Gobernar suele suponer un ejercicio de converger intereses contrapuestos y las alegaciones al decreto del Juego que está impulsando la Conselleria de Hacienda son una clara muestra de ello. Y si de un lado las asociaciones de prevención contra la ludopatía estiran de un brazo del legislador para reclamar medidas más restrictivas que las que ha plasmado el Consell en su proyecto; del otro se mueven los que podrían ser afectados en caso de limitar la actividad y exigen suspender una de ellas: la prohibición a instalar nuevas licencias de máquinas tipo B, las comúnmente conocidas como ‘tragaperras’.
Es la reclamación que firman casi una cincuentena de hosteleros y gestores de salones de juego pidiendo poner freno al artículo 1 del decreto de la Generalitat, en el que se establece el veto a «nuevas autorizaciones» de las máquinas «recreativas con premio» en locales de hostelería «o similares». De hecho, en sus alegaciones, registradas en la plataforma de GVA Oberta, las entidades firmantes señalan que la norma propuesta es «absolutamente restrictiva«, genera «costes económicos desproporcionados» y hasta «quiebra de manera palmaria la seguridad jurídica«.
Lo llamativo del caso es que, como suele suceder, un mismo informe tiene dos o hasta tres visiones distintas, casi antagónicas. Porque el punto de apoyo sobre el que se mueve la futura normativa es el ‘Estudio de Impacto Social y sobre la Salud Pública de las Instalaciones de Juego Existentes en la Comunidad Valenciana’, un análisis de la situación del sector, su evolución en los últimos cinco años tras la aprobación de la ley del Juego de 2020 del Botànic y la situación «epidemiológica» sobre la ludopatía.
En realidad, tanto los hosteleros y empresarios del sector que reclaman frenar las nuevas medidas como las asociaciones de lucha contra la ludopatía destacan el descenso del impacto del «juego problemático«, claro que cada quien lo apunta desde un prisma. Y mientras la Red de Atención a las Adicciones remarca que esa bajada es gracias a las limitaciones legales y que los datos de la Comunitat Valenciana todavía están por encima de la media por lo que es necesario mantenerlos o incrementarlos, los hosteleros niegan la mayor y apuntan en la dirección opuesta.
«Si tanto el número de máquinas como la prevalencia del juego problemático asociado a ellas ya están disminuyendo de forma constante bajo el marco regulatorio existente, el Informe no logra justificar la necesidad imperiosa de mantener una prohibición tan estricta. La medida parece no responder a un problema actual, que requiera una intervención de esta magnitud«, aseguran los firmantes de la alegación donde reclaman frenar el impulso de esta norma.
Posible choque judicial
De hecho, defienden que las máquinas de juego «se encuentran en el quinto lugar en cuanto a preferencia de los consumidores o jugadores, con un porcentaje reducido del 4,2%» y que la Comunitat Valenciana es la novena autonomía con mayor concentración de máquinas por habitante, frente a las 1.229 máquinas por persona de Ceuta o las 544 en Madrid, por lo que el informe señalado, lejos de justificar medidas, «ofrece datos que podrían argumentar en contra de su necesidad y proporcionalidad». Y advierten: «La falta de una justificación clara sobre la necesidad de la norma es un vicio que debe llevar a su anulación«.
Ese aviso de un posible recurso en la vía judicial de la normativa que proponga el Consell no es nuevo. Ya lo han vivido otras medidas que han puesto coto a esta actividad, en especial, la propia ley del Juego del Botànic y las restricciones que introducía respecto a las distancias mínimas entre salones de juego y centros educativos, exigencias que a principios de abril validó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (antes lo había hecho la justicia europea).
Y mientras los hosteleros reclaman el freno al veto a nuevas máquinas incluso señalando que se podría vulnerar el derecho a la libertad de empresa de la Constitución, las asociaciones que luchan contra las adicciones apuntan al lado contrario y señalan que el alcance de la prohibición de las tragaperras «es limitado al no afectar al parque existente». Así, y dado que en estos locales «no hay control de admisión«, la organización ha propuesto introducir «mecanismos efectivos de control en las máquinas situadas en locales de hostelería«, un plan de limitación progresiva de estas máquinas y una «revisión del régimen de activación/desactivación previsto en la normativa sectorial«.
Fuente: levante-emv.com
