Representantes de los sectores financiero, automotriz, de subastas, casinos, joyero, de tiendas de autoservicio y departamentales expresaron a senadores que la legislación de combate al lavado de dinero afecta y limita la actividad económica.
En el foro de consulta sobre la propuesta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que organizó el Senado, explicaron que se ha encarecido la administración de las empresas.
Plantearon que esa iniciativa debe ser una oportunidad para corregir los problemas y evitar los «riesgos» de negocios que ha generado el ordenamiento actual.
Narciso Campos Cuevas, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, opinó que esa iniciativa implica el mejoramiento al marco legal de la ley antilavado y la oportunidad para adecuarla a la realidad comercial del país.
Indicó que el proyecto de reforma recoge la experiencia e inquietudes operativas de los sectores automotriz, joyero, inmobiliario, de asistencia privada y de función notarial, entre otros, lo que permitirá fortalecer ese instrumento contra el lavado y permitir que las actividades y el comercio lícitos se den en orden y sin contratiempos.
Precisó que entre los cambios que prevé la iniciativa están el aumentar la eficacia de la ley antilavado, adecuarla en mayor medida a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y ajustarla para que responda en forma adecuada a las condiciones operativas de los sujetos obligados, facilitando su operación.
Resaltó que las modificaciones se presentan con mucha oportunidad, ya que México será evaluado a finales de 2016, a fin de comprobar si cumplió con las recomendaciones establecidas por dicho grupo internacional.
Subrayó que en los últimos años ha habido importantes avances en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que mantener los avances alcanzados depende de tener la capacidad de mejorar el marco legal regulatorio y de supervisión.
Alberto Elías, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, dijo que este año se hecho el mayor aseguramiento de recursos, el cual asciende a casi dos mil millones de pesos y que se realizó gracias a la información que han enviado los sujetos obligados.
Señaló que se han dado de alta 60 mil personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables, quienes entregan tres millones de avisos al año. Asimismo, mencionó que la Unidad de Inteligencia recibe en promedio 85 denuncias por temas de lavado de dinero.
Opinó que la iniciativa de reforma fortalecerá el sistema de prevención y combate de lavado de dinero, facilitará el cumplimiento de la ley, quitará cargas administrativas y aumentará los umbrales de uso en efectivo, así como redefinirá otros temas.
De la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez Solloa dijo que la iniciativa propone que los negocios estén obligados a contar con un registro de cada uno de sus clientes y de cada operación de venta realizada con ellos.
Además, abundó, que cada semestre identifique a aquellos que alcanzaron el umbral establecido por la propuesta y dar aviso a la Secretaría de Hacienda.
Expresó que esa medida representaría una enorme carga administrativa por los costos que les conllevaría a las empresas cumplir con tales requisitos, tanto en términos tecnológico como de recursos humanos, pues ANTAD cuenta con unos 20 millones de clientes.
Dicha obligación, planteó, sería inaplicable y supondría un registro de todos los clientes, de todas las operaciones y en todas las tiendas; sin embargo, ninguna cadena comercial cuenta ahora con sistemas informáticos que le permitan llevar a cabo un control de este tipo.
Guillermo Rosales Zarate, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, afirmó que los términos en los que está la ley han limitado la actividad económica y encarecido la administración de las empresas, debido al cumplimiento de las obligaciones y a la forma en que está concebido el ordenamiento.
Ello, subrayó, ha generado un peligro muy importante y «si hubiera una auditoría en estos momentos estaríamos en riesgo de tener que entregar la llave de nuestros negocios».
Dijo que su asociación ve con beneplácito la iniciativa, pues tiene aspectos que facilitarán la realización de sus actividades. José Ramón Bordes, de Servicios de Tarjetas Bancarias American Express, destacó la necesidad robustecer la ley para fortalecer las medidas y controles que eviten operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Refirió que esa institución financiera se ha visto afectada por el ordenamiento actual al registrar una baja importante de solicitud de tarjetas de servicio, una migración hacia otros productos, especialmente al uso de efectivo.
En tanto, Alfonso Pérez Lizaur, de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos, aplaudió la propuesta de reforma, ya que modificará los rangos y límites según los estándares internacionales.
Planteó que en la actualidad los casinos que representa emiten entre 10 mil y 12 mil avisos mensuales al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el que están conectados en línea, en tiempo real.
Miguel Cortero, de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco, afirmó que este sector se ha visto afectado por la cantidad de documentación que está obligado a entregar con la legislación actual.
Solicitó a los senadores revisar esta situación en la nueva reforma, pues de lo contrario «nos va a poner en indefensión».
Héctor Galeana Inclán, de la Asociación Nacional de Notarios y Colegio Nacional de Correduría Pública, pidió que la legislación sea precisa y clara con respecto a la obligación que le corresponde a los notarios y la forma en que se puede cumplir con ésta.
La senadora Blanca Alcalá Ruiz, de la fracción del PRI, recordó que la legislación antilavado entró en vigor hace casi dos años, y significa un importante instrumento para verificar que las operaciones económicas se realicen en un marco de transparencia y legalidad.
No obstante, reconoció que también representa un importante esfuerzo para diversos sectores económicos que participan en el registro y notificación de operaciones de gran cuantía; pues se ven obligados a que informen de éstas con base a lo establecido en la ley.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez expresó que el nivel alcanzado por el lavado de dinero en el país ha generado un empoderamiento económico de la actividad delictiva, otorgando «un gran poder corruptor» que ha penetrado prácticamente todos los órdenes de gobierno, instituciones públicas y a los partidos políticos.
Destacó que los recursos de procedencia ilícita se han convertido en un factor determinante en muchos casos de la economía local, e incluso, inciden de manera significativa en la economía nacional.
Puso como ejemplo que entre el segundo trimestre de 1993 y el año 2009, el lavado de dinero en México equivalió a 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto.
Refirió que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP recibió más de 28 y medio millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas al lavado de dinero. Asimismo, algunos analistas estiman que en el país se lavan unos 10 mil millones de dólares, refirió.
Mencionó que la Procuraduría General de la República (PGR) reportó dos mil 224 probables responsables, y detenidos por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que significa un incremento de averiguaciones dentro del fuero federal.
Por otro lado, señaló que si bien el país ha atendido de manera importante las recomendaciones en materia de lavado de dinero, sólo se han atendido 24 de 40, por lo que sería muy útil considerar las que faltan en este proceso de revisión del marco legislativo.
Fuente: 20minutos.com.mx
