El Ministerio de Consumo de España está impulsando tres reformas regulatorias este año, dirigidas a límites de apuestas entre operadores, estándares publicitarios revisados y un sistema centralizado de detección de riesgos para los jugadores, mientras que los funcionarios citan los datos sobre el juego juvenil y la concentración del gasto como impulsores del cambio.
Tres frentes regulatorios en desarrollo
Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, explicó las iniciativas en una jornada centrada en la prevención de daños en el juego, confirmando que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) avanza en el trabajo en cada frente de forma simultánea.
La primera propuesta, y la más significativa desde el punto de vista estructural, es un sistema de límites de apuestas entre operadores. Según la normativa actual, los límites de depósito y gasto se aplican por operador, lo que significa que los jugadores pueden eludir eficazmente las restricciones manteniendo cuentas con varios operadores con licencia. El marco propuesto agregaría la exposición de todos los licenciatarios, eliminando así esa brecha. La DGOJ ha confirmado previamente límites de depósito de 600 € al día, 1500 € a la semana y 3000 € al mes, y se espera que este sistema convierta a España en el primer regulador europeo en aplicar la IA a las intervenciones con los clientes de esta manera.
“Los límites deben ser reales”, afirmó Barragán. “No es posible evadir las salvaguardias cambiando de operador. Para que la protección sea efectiva, debe aplicarse a todo el sistema”.
La segunda iniciativa se refiere a las normas publicitarias. Los nuevos requisitos obligarían a las campañas de marketing a incluir información sobre la rentabilidad del operador y la concentración de riesgos, en lugar de considerar la protección del jugador como una responsabilidad puramente individual. Esto se produce tras la introducción en España de etiquetas de advertencia similares a las del tabaco para los juegos de azar en línea en 2025 y supone un nuevo cambio en la forma en que el Ministerio define las obligaciones regulatorias en el ámbito publicitario.
“Durante demasiado tiempo, la narrativa se ha centrado exclusivamente en la responsabilidad del jugador”, afirmó Barragán. “Pero los operadores diseñan los entornos, segmentan la publicidad según ciertos perfiles y concentran casi todos los beneficios. La regulación debe reflejar esa realidad”.
La tercera medida consiste en un sistema de detección temprana rediseñado, basado en criterios de salud pública en lugar de umbrales definidos por los operadores. La DGOJ ha estado desarrollando un modelo estandarizado de detección de conductas de riesgo que, una vez implementado, exigiría a todos los titulares de licencias implementar un enfoque uniforme para identificar a los jugadores que presenten indicios de juego problemático. El modelo rastrea indicadores como la duración excesiva de las sesiones, los patrones de pérdidas y la frecuencia de la actividad. Según el borrador del marco, una vez que un jugador es identificado como de riesgo, los operadores deben aplicar las medidas de protección establecidas en el Real Decreto 176/2023.
“Queremos sistemas de detección basados en criterios de salud pública, no en parámetros puramente comerciales”, afirmó Barragán. “La prevención debe ser estructural, integrada en el funcionamiento de las plataformas, no una idea de último momento”.
La aplicación del Real Decreto aún es incompleta
España promulgó su Real Decreto sobre Entornos de Juego Más Seguros en marzo de 2023. Casi tres años después, varios aspectos técnicos relacionados con el decreto siguen sin resolverse. La DGOJ y el Ministerio no han proporcionado a los operadores plazos definitivos de implementación para varias de sus disposiciones. Barragán reconoció que la incertidumbre regulatoria ha generado preocupación en el sector, pero sostuvo que una mayor reforma sigue siendo necesaria y proporcionada.
«El Real Decreto supuso un avance importante, pero no supone el final del proceso», afirmó. «Necesitamos herramientas más sólidas, mejor coordinación y mecanismos más eficaces para detectar y prevenir conductas problemáticas».
El director general de Jdigital, Jorge Hinojosa, ha advertido previamente del riesgo de que las reformas superen la competitividad del mercado, señalando que las medidas de protección al jugador no se han visto acompañadas de políticas que permitan la entrada al mercado español de nuevas modalidades de juego, como los formatos de casino en vivo. Esta tensión —entre reforzar la protección del consumidor y mantener la canalización— sigue siendo un tema candente para los operadores con licencia que navegan por el actual ciclo de reformas.
La experiencia neerlandesa es ilustrativa en este sentido: en los Países Bajos, la tasa de canalización de GGR cayó por debajo del 50 % en el primer semestre de 2025, ya que la carga regulatoria obligó a los actores a optar por alternativas sin licencia. Las autoridades españolas no han abordado públicamente este riesgo en el contexto de las propuestas actuales.
Los datos sobre la juventud y la concentración del gasto impulsan la presión política
La encuesta ESTUDES 2025, que analiza el comportamiento de juego entre adolescentes españoles de 14 a 18 años, reveló tasas de participación más altas, tanto en productos online como presenciales, en comparación con ciclos de encuestas anteriores. Las autoridades citaron estas cifras como justificación adicional para el paquete de reformas, en particular las medidas de publicidad y detección temprana.
Barragán también señaló la concentración del gasto dentro del mercado como una preocupación estructural.
«Un pequeño número de actores soporta una gran parte de las grandes pérdidas. Si realmente queremos reducir los daños, debemos abordar esa concentración«, afirmó.
El mercado español de juegos de azar online registró un BGR de 405 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, y los productos de casino siguen aumentando su cuota de mercado. Las reformas en desarrollo definirán las condiciones operativas de dicho mercado hasta bien entrado el próximo ciclo de licencias, que permanece abierto dado que la DGOJ no ha convocado una nueva licitación desde diciembre de 2017. Los plazos de implementación de las tres iniciativas siguen en debate mientras continúan las revisiones técnicas.
Fuente: theigaming.eu
