El miércoles de la semana pasada la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a una delegación de la comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que dio un punto de vista crítico en el marco de la discusión que se está dando por el proyecto de ley que busca reorganizar la «institucionalidad» de los juegos de azar.
A juicio de uno de los comisionados del órgano desconcentrado del Ministerio de Economía (MEF) que concurrió al Parlamento, Javier Gomensoro, la nueva ley «ampliaría» el monopolio actual al suprimir «una parte del mercado hoy en libre competencia»: las máquinas tragamonedas y electrónicas ubicadas en diferentes locales.
«Si la iniciativa tiene el propósito (…) de asegurar la que hoy es una actividad lícita, hay que tener cuidado de que no configure un cercenamiento del juego», sostuvo Gomensoro, según consta en la versión taquigráfica.
El texto plantea la separación de las funciones de «regulación y control» de la de «explotación». Las primeras caerán en la Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas (que se creará para suplantar a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas). La Dirección General de Casinos, en tanto, también se suprimirá para dar lugar a la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado, que se encargará de la explotación y administración de casinos, salas y loterías, entre otros.
La exposición de motivos apunta que en Uruguay «el juego de azar en lugares públicos o de acceso al público es en principio prohibido, salvo que el mismo sea desarrollado o explotado directamente por el Estado, en ejercicio del monopolio que ostenta, o a través de explotadores expresamente autorizados a tal fin».
De hecho, el primer artículo del proyecto de ley refuerza esto: «ratifícase que el Estado ejerce el monopolio de todo tipo de juego, apuesta, suerte, rifas y similares en los que intervenga público o se encuentre por su propia naturaleza dirigido o abierto al público apostador».
El comisionado subrayó que el organismo tiene la «obligación»de defender a los consumidores de productos (…) porque el legislador no prohibió su consumo y están permitidos».
Asimismo, Gomensoro apuntó que el proyecto de ley contiene una «situación claramente perjudicial» para que el mercado opere de manera dinámica: «el carácter precario, irrevocable de los permisos y autorizaciones o licencias». Los privados, añadió, necesitan «garantías» para desarrollar la actividad.
Posición dominante
Durante la misma sesión, el diputado nacionalista Jorge Gandini manifestó que mediante este proyecto de ley la Dirección Nacional de Casinos «pasará a tener competencia». De ser así, continuó el legislador, «no debería ejercer una posición dominante, que es otro aspecto a tener en cuenta producto de esa nueva situación». Gandini añadió que el texto a estudio supone que Casinos –bajo su nuevo nombre– se convertirá «definitivamente» en un actor económico, «una empresa pública (…), con características comerciales».
Se tratará de un agente también regulado por el nuevo órgano (la Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas). «Ya no los regula (…), sino que va a estar en competencia con el Conrad y con los demás casinos, y regula otro órgano que está por encima y que ejecuta el monopolio que tiene el Estado», expresó el diputado dirigiéndose a una delegación de la compañía que maneja el hotel y casino puntaesteños.
Conrad: juego clandestino aumentó
La Comisión de Hacienda recibió por el mismo tema al gerente general de Enjoy Conrad Punta del Este, Juan Eduardo García. El ejecutivo chileno dijo que desde que llegó al país en 2013 «el juego clandestino ha ido en aumento», no solo mediante salas de máquinas sino también con mesas de juego. Además, agregó que «la exposición a la ludopatía o el hecho de afectar a los sectores más vulnerables se da en estos casinos que no tienen control».
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