El principal destino de playa de Filipinas, la isla de Boracay, está en peligro de transformarse en un paraíso turístico y de juegos de azar exclusivo para los ricos, y se ser inaccesible para turistas y mochileros comunes.
La isla de Boracay, con sus largas extensiones de playas de fina arena blanca y aguas cristalinas, se considera el principal destino turístico de Filipinas y alberga uno de los balnearios más famosos del mundo. El famoso complejo fue alguna vez un oasis para los turistas locales y mochileros extranjeros, y ahora puede convertirse en un destino de juego exclusivo para los ricos, a pesar de las protestas y la oposición locales.
El 29 de septiembre de 2021, la Cámara de Representantes de Filipinas, dominada por los aliados de la «supermayoría» del presidente Rodrigo Duterte, aprobó el proyecto de ley de la Autoridad de Desarrollo de la Isla de Boracay (BIDA) escrito por Paolo Duterte, hijo del presidente y congresista de Davao. De los 307 miembros de la Cámara de Representantes, 192 votaron a favor, mientras que solo siete (seis de los cuales son miembros del bloque opositor Makabayan) se opusieron al proyecto de ley.
El proyecto de ley homólogo de BIDA en el Senado filipino lo escribió la senadora Cynthia Villar, multimillonaria senadora cuya familia es propietaria de los condominios Costa de la Vista y el Hotel Boracay Sands en la isla.
Esta medida es un cambio completo del pronunciamiento anterior de Duterte durante el período de cierre de seis meses por «rehabilitación ambiental» de la isla en 2018, cuando señaló que prohibiría los casinos por insistencia popular. El presidente declaró que ahora está permitiendo que los casinos operen en Boracay ya que el Gobierno necesita fuentes de ingresos adicionales entre las consecuencias económicas causadas por la pandemia.
Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR) dijo que aprobó planes de Galaxy Entertainment Group, con sede en Macao, y del magnate Andrew Tan para construir numerosos casinos en la isla de Boracay.
El proyecto de ley BIDA creará una zona turística especial, trasladará la autoridad sobre la operación, los impuestos y la inversión, las aprobaciones de licencias de las unidades del Gobierno local (LGU) al Gobierno nacional. La autoridad (como una corporación operada y controlada por el Gobierno o GOCC) gobernará toda la isla de Boracay y Barangay (aldea) Caticlan en Malay continental, provincia de Aklan, donde se encuentran el puerto marítimo y el aeropuerto.
En julio de 2018, las partes interesadas de LGU Malay estimaron que los ingresos de Boracay representan el 78,03 % de los más de 508 millones de pesos filipinos (más de 10,1 millones de dólares estadounidenses) de ingresos de origen local en el municipio de Malay, y el 25 % de los más de 2000 millones de pesos filipinos (unos 40 millones de dólares estadounidenses) de presupuesto para la provincia de Aklan de LGU. Estos fondos permiten a las LGU financiar varios servicios sociales, pero ahora corren el peligro de ser reducidos o recortados por completo si se crea otra agencia gubernamental para supervisar Boracay.
En 2018 se especuló que el verdadero propósito del cierre de la isla del presidente Duterte no era la rehabilitación ambiental, sino deshacerse de las comunidades pobres «desagradables a la vista».
El 19 de septiembre de 2018, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales (DENR) dijo que la capacidad de retención (población ambientalmente sustentable) de la isla es de solo 54 945 personas en un momento dado, de las cuales 19 215 la componen turistas extranjeros y locales. El censo de la Autoridad de Estadísticas de Filipinas 2020 muestra que la isla de Boracay tiene alrededor de 37 800 residentes locales.
Con la creciente construcción de lujosos hoteles, casinos y condominios, los habitantes pobres de los barrios marginales, considerados “indeseables” se verán obligados a abandonar la isla.
A algunos habitantes les preocupa que los casinos traigan problemas sociales de prostitución, lavado de dinero y otros delitos, similares a los problemas observados con las operaciones filipinas de juegos en el extranjero o POGO.
En medio de estos proyectos, muchos habitantes de Aklan se oponen al establecimiento de una zona turística especial y casinos en Boracay, y los ciudadanos se oponen al proyecto de ley a través de los medios, las redes sociales y las peticiones a las oficinas gubernamentales para detener el proyecto de ley BIDA-GOCC y los casinos en la isla.
El sábado 25 de septiembre, cientos de personas se unieron a una caravana de 65 vehículos desde la ciudad capital de Kalibo hasta Barangay Caticlan en Malay. La caravana, dirigida por sacerdotes y exseminaristas, contó con el apoyo de grupos religiosos y funcionarios locales.
Muchos también protestaron por la creación de la Autoridad de Desarrollo de la isla de Boracay, que funcionaría como un organismo gubernamental independiente para administrar la isla.
Según Kim Sin Tugna, del grupo activista Bayan Aklan, el proyecto de ley BIDA tiene como objetivo hacer de la isla de Boracay una zona exclusiva para las élites y para las empresas extranjeras. Tugna agregó que el Gobierno nacional quiere controlar toda la actividad socioeconómica en la isla. Dijo que el cierre de la isla de Boracay en 2018 fue el preludio de la apertura de la isla a empresas multinacionales. Tugna también afirmó que la mayoría de las tierras en Boracay ahora son propiedad de inversionistas extranjeros y pronto serán ocupadas por casinos de propiedad china.
Casi todas las LGU se oponen al GOCC en Boracay. Funcionarios encabezados por el gobernador de Aklan, Florencio Miraflores, y los representantes Teoderico Haresco Jr. y Carlito Márquez dijeron que los proyectos de ley consolidados ahora pendientes en el comité de la Cámara sobre empresas gubernamentales y privatización crearían un cuerpo corporativo que «despojaría» de poderes a los Gobiernos locales ordenados por el Código de Gobierno Local.
Fuente: es.globalvoices.org
