El organismo regulador del juego en Grecia ha abierto una licitación para la contratación de expertos legales y técnicos externos con el fin de reforzar la forma en que los operadores con licencia identifican y verifican a sus clientes, como parte de un esfuerzo más amplio para intensificar la supervisión del mercado en línea del país.
La Comisión Helénica de Supervisión y Control del Juego (EEEP) busca un consultor para revisar el marco normativo que rige las Cuentas Electrónicas de Jugador (EPA), los perfiles digitales mediante los cuales los clientes acceden a las plataformas de juego autorizadas. El organismo regulador necesita ayuda para rediseñar la forma en que se verifica la identidad de los jugadores, con especial atención a la implementación de procedimientos más rigurosos de Conozca a su Cliente (KYC) y medidas de protección contra el blanqueo de capitales, el fraude y el juego de menores de edad.
Los documentos de licitación muestran que la EEEP busca apoyo tanto en los estándares técnicos como en los legales que sustentan la identificación segura de los jugadores. El trabajo analizará cómo los operadores con licencia certifican y autentican la identidad de los clientes antes de otorgarles acceso a los servicios de juego regulados.
El contrato de consultoría está valorado en 28.500 € antes del IVA y tendrá vigencia hasta finales de 2026 o hasta que se completen 190 horas de trabajo de asesoramiento, lo que ocurra primero. El adjudicatario deberá entregar tres informes de progreso con recomendaciones para mejorar el sistema de verificación de jugadores de Grecia.
Las reformas más amplias cobran impulso
Esta adquisición se enmarca dentro de un cambio de política más amplio, más que como una simple mejora técnica. Semanas antes, el gobierno griego presentó al Parlamento un proyecto de ley que ampliaría significativamente la autoridad del organismo regulador, una de las reformas más importantes del marco normativo del país desde la introducción de las licencias en línea.
Entre los cambios propuestos se incluye un aumento de la plantilla permanente del EEEP de 80 a 110 empleados. La contratación se centraría en especialistas en ciberseguridad, tecnología de la información, análisis de inteligencia, vigilancia del mercado y aplicación de la ley, áreas que el organismo regulador considera cada vez más importantes para contrarrestar las operaciones ilegales sofisticadas.
El proyecto de ley también otorgaría al EEEP herramientas de aplicación más amplias, incluyendo la capacidad de solicitar la eliminación rápida de sitios web y contenido de juegos de azar ilegales, ampliar la lista negra de operadores sin licencia de Grecia y fortalecer la cooperación con las fuerzas del orden mediante un Cuerpo de Inspectores de Juegos ampliado con autoridad formal de investigación. El mercado regulado de Grecia alcanzó los 3.070 millones de euros en ingresos brutos por juegos de azar en 2025 , lo que proporciona al regulador una base creciente de actividad con licencia que supervisar.
El mercado negro sigue siendo el objetivo
Las reformas propuestas introducen penas penales más severas para quienes participan en juegos de azar ilegales. Los organizadores podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 10 años, además de multas de entre 50.000 y 700.000 euros. Los casos más graves, que involucren a grupos delictivos organizados, reincidencia o la participación de menores, conllevarían sanciones más severas, con multas que podrían alcanzar los 800.000 euros y penas de prisión de más de una década, especialmente en casos de blanqueo de capitales, fraude o delitos fiscales.
Esta postura más firme se produce tras las reiteradas advertencias del Ministro de Economía Nacional y Finanzas, Kyriakos Pierrakakis, quien ha descrito el sector del juego ilegal como una empresa criminal y una carga para las finanzas públicas.
Según estimaciones oficiales, la actividad del mercado negro de juegos de azar en Grecia asciende a entre 1.600 y 2.000 millones de euros anuales. Las autoridades creen que esto supone una pérdida de aproximadamente 600 millones de euros en ingresos fiscales anuales para el Estado, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la supervisión del mercado y la aplicación de la ley contra los operadores sin licencia.
Los tres informes de progreso del contratista deben presentarse antes de finales de 2026, en paralelo con la legislación que actualmente se debate en el Parlamento. En conjunto, estos informes establecen las condiciones sobre hasta qué punto Grecia puede reforzar la verificación de los jugadores y la presión que puede ejercer sobre los operadores antes de que las reformas entren en vigor.
