Durante los primeros días de julio fue aprobado por diputados la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja arduamente para presentas las cuentas, cuanto mucho en el mes de septiembre.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado aún no ha sido hecha, situación que aplaza aún más su entrada en vigor, según el gobierno español el retraso se debe a la necesidad de cumplir con pasos estrictamente procedimentales.

La importancia de la no publicación radica en que las nuevas cuentas públicas entran en operación al día siguiente de realizarse dicha comunicación.

El ámbito laboral y la seguridad son siempre los puntos más candentes en este tipo de compromisos, en este caso se destacan las siguientes informaciones:

  1. Las retribuciones en el sector público suben un 1,75%.
  2. La tasa de reposición de las Administraciones Públicas es del 100%.
  3. Las pensiones revalorizan un 0,25%, aunque en algunos casos se incrementan entre un 1% y un 3% teniendo en cuenta su tipo y su nivel.
  4. La Jornada de trabajo se establecer de 37,5 horas en el sector público.
  5. Queda en suspenso el factor de sostenibilidad, cuya aplicación afecta el cálculo de las pensiones.
  6. Se incrementa en un 1,4% la base de cotización máxima a la Seguridad Social.
  7. Se crea la Tarjeta Social Universal.
  8. Rebaja del IVA aplicable a las entradas de cine. Pasa de tributar el 21 al 10 por ciento.

Reducción del impuesto al juego

El impuesto aplicado a los operadores de juego online será reducido, a contramano de las decisiones tomadas en otros países como Italia que parecen querer acabar con los juegos de azar online.

El gobierno español introdujo en su Presupuesto una medida que había sido anticipada en el mes de abril: la reducción de los impuestos para los operadores con licencia. Esto significa que a partir del primer día de julio se hará efectiva una reducción del cinco por ciento, se pasa de pagar un Impuesto sobre Actividades del Juego del 25% al 20% en todo el territorio (excepto en Ceuta y Melilla, ciudades en las que el tributo queda estipulado en el 10%). La medida se aplica para las operaciones juego online en España (como el bingo o el póker) y las apuestas deportivas por internet.

Según miembros del gobierno con esto se pretende «lograr una mayor atracción de las operadoras de juego para realizar sus actividades en el marco legal, evitándose las actuaciones ilegales que aún se producen en este sector«. Sobre todo, porque no será suficiente que las compañías domicilien su empresa, sino que deberán estar constituidas plenamente en las ciudades autónomas.

Paralelamente a esta decisión, el Partido Popular presentó una propuesta para que se establezca un pequeño gravamen sobre los ingresos receptados por el juego, para financiar tratamientos a personas que padezcan ludopatía y para prevenir la adicción.

Fuente: andaluciainformacion.es