Un sector que puede reportar un saldo favorable en el cierre del sexenio es el de los casinos: si bien la nueva ley para sustituir la de 1947 se quedó en el Senado, se cuenta ya con un reglamento que incluso fue avalado por la SCJN que preside Luis María Aguilar.
Además tras el desastre que dejó en ese rubro el gobierno de Felipe Calderón dado el boom de los negocios ilícitos, con Enrique Peña Nieto se logró un mayor orden del mercado.
Como directora de juegos y sorteos en SEGOB fue destacada la labor de Marcela González Salas y luego de Luis Felipe Cangas que logró cierto statu quo, mismo que mantuvo Eduardo Cacho, cuya gestión concluye.
Ciertamente hay estados donde aún no hay casinos como Coahuila, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala. En otros muchos se ha restringido su avance como Guanajuato, BCS, Tamaulipas.
La AIEJA que preside Miguel Ángel Ochoa no ha cejado en insistir en cuanto al riesgo de prohibir. Con ello no desaparece ese entretenimiento, pero se realiza en la clandestinidad.
Ahora mismo frente a las limitaciones que tendrán los estados en participaciones, le platicaba de nuevos gravámenes que ya se implementan a ese negocio.
Básicamente un impuesto del 10% al consumo que se carga al jugador por adelantado al pagar sus fichas. Ya se aplica en NL, Yucatán, QR y Campeche y hay iniciativas en Aguascalientes con Martín Orozco y Sonora de Claudia Pavlovich.
Ese gravamen tiene sus bemoles legales, pero evidencia la constante amenaza en la que se encuentra ese ámbito.
Obviamente Ochoa no está cruzado de brazos. Ya ha tenido contacto con el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, receptivo a un rubro que junto con la Lotería y Pronósticos que lleva Eugenio Garza significa unos 5 mil 800 mdp (2 mil 500 mdp sólo los casinos) con 4 millones de visitantes anuales.
Con 353 salas en operación de 748 autorizadas, traduzca lo anterior en inversión y en empleos que son 38 mil en el país.
Obvio urge contar con una nueva ley de juego, o sea retomar lo que aprobaron los diputados y que se quedó en el Senado en 2014.
Ahora es más importante cuando se habla del juego en línea que es ya un 6% de los ingresos, pero que en una década llegará al 80%.
GB o España han entendido bien la importancia de regular ese segmento. Hoy aquí, hasta los niños vía su celular pueden apostar. Además de que firmas como PokerStar o Bet365 que no son nacionales, se llevan el negocio sin pagar impuestos.
La AIEJA también pelea para contar con una entidad descentralizada y autónoma que regule el juego, que hoy depende del capricho de un solo funcionario. La idea es que fuera intersecretarial.
Aún más relevante y en el contexto de las apreturas del 2019, se propone al próximo gobierno atraer al ámbito federal el cobro impositivo de los casinos.
Obvio habrá que trabajar en una política fiscal al juego, eliminándose la discrecionalidad en estados y municipios, máxime que ese negocio mantendrá a futuro su dinamismo.
Así que aún queda mucho por hacer para apuntalar el entorno de las apuestas, en el contexto de lo que se da en otras latitudes.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
