La Asamblea ha instado por unanimidad a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas para frenar la proliferación de casas de apuestas y prevenir el problema de la ludopatía, como la suspensión de nuevas autorizaciones de apertura de establecimientos durante un año.
La propuesta de impulso que ha defendido la portavoz del Grupo Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha sido modificada vía enmienda por el PP.
La iniciativa pide suspender temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones, salvo las que ya se encuentren en tramitación, hasta que entre en vigor una ley de prevención de la ludopatía y rehabilitación de las personas adictas al juego, previamente consensuada por todos los grupos.
También reclama a la Administración regional la elaboración de un plan para la prevención de adicciones y el refuerzo de la formación específica de los agentes de la Policía Municipal
La Cámara insta, además, al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la Ley General de Publicidad para que se prohíba que las casas de apuestas puedan publicitarse , con el fin de proteger al público infantil y juvenil.
Además de impulsar el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable con el objetivo de restringir la publicidad para juegos y apuestas online.
La reducción del horario de estos establecimientos, que inicialmente incluía UPE, no ha prosperado por la enmienda introducida por el PP.
De Miguel ha subrayado que las casas de apuestas son «la heroína de nuestros días« que destroza a las familias y ha considerado que el problema va en aumento porque el Decreto-ley 1/2019, de 5 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del juego responsable en Extremadura, ha sido insuficiente.
Extremadura tiene 114 salones, diseminados por 37 localidades y pertenecientes a cinco empresas del sector, según datos de 2018, un por cada 9.000 habitantes, lo que indica que está «saturada», según la diputada de UPE, que ha advertido de que el número se ha multiplicado por diez en cinco años.
Ha expuesto que otras regiones como Asturias, Murcia, Madrid o Galicia ha adoptado medidas «más contundentes» y ha alertado de que no «es casualidad» que abran cerca de centros educativos y en los barrios más pobres.
De Miguel ha recordado que la Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación a partir del verano de 2015 empezó a observar cómo empezó a entrar gente joven en el colectivo, cuando normalmente la gente que solía llegar era mayor de 35 años.
En la defensa de la enmienda del PP, el diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón ha aseverado que el decreto-ley aprobado hace nueve meses llegaba «tarde y mal», porque la «semilla» de las casas de apuestas ya esta esparcida.
Ha reclamado medidas como las puestas en marcha en otras CC AA y la suspensión temporal de la ley del juego extremeña hasta tener una «de verdad, no un canto al cielo».
El diputado Jorge Amado ha defendido una enmienda de modificación, que no ha aceptado UPE, con un único punto: instar al Gobierno de España a convocar el Consejo de Políticas del Juego a los efectos de promover, en cooperación con las CCAA, medidas normativas que eviten la aparición de zonas saturadas.
Amado ha destacado que Extremadura fue pionera a la hora de regular este asunto y ha asegurado, frente a los intervinientes anteriores, que la ley está dando resultados, ya que de las seis solicitudes presentadas, sólo se han aprobado dos.
El diputado socialista, que ha pedido no hacer política de este asunto, ha recordado que como el juego no es una actividad ilegal no se puede establecer una ‘ley seca’, ni la retroactividad, por lo que ha reclamado un equilibrio entre prevenir la ludopatía y la seguridad jurídica al sector, sin perseguir ni estigmatizar a nadie.
Joaquín Prieto, de Ciudadanos, ha anunciado su voto a favor, pero no se ha mostrado de acuerdo con la suspensión, ya que atenta contra la libertad de empresa.
