Un examen somero de los estudios utilizados por la legislatura en Puerto Rico a la hora de legalizar 45.000 máquinas tragamonedas fuera de los casinos, revela que los mismos están «plagados de incongruencias y no contienen información que permita» a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) evaluar el impacto de la propuesta de legalización de las mismas en los ingresos del gobierno y la Universidad de la isla.
Así lo dijo hoy en conferencia de prensa el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico PRHTA, Pablo Torres.
