El Supremo condena a Codere tras una actuación de oficio del regulador en 2012, un precedente para que mueva ficha en la guerra de la cotizada.
Hace dos semanas se conoció que el Tribunal Supremo condenaba a Codere y los cuatro miembros de su comité de auditoría por «negligencia y falta de diligencia al supervisar sus resultados de 2012». Un fallo que llega en medio de la guerra por el control de la compañía entre la familia Martínez Sampedro, fundadores del grupo, y los fondos liderados por Silverpoint.
Los Martínez Sampedro llevan 21 meses pidiendo una investigación de supuestas «irreguladores» en la toma de control por parte de los fondos de inversión en 2018, pero hasta la fecha la CNMV no ha movido ficha, ni ha iniciado ningún procedimiento.
No obstante, el hecho de que el fallo conocido recientemente se haya realizado a partir de un requerimiento de la CNMV mete presión al equipo de Sebastián Albella para activar un proceso contra los actuales gestores de Codere y le obliga a dejar de ser neutrales en esta lucha interna. Si la CNMV ya ha actuado una vez no tiene justificación para no hacerlo en estos momentos.
En el caso del fallo del Tribunal Supremo, los auditores admitieron que sus cuentas eran «irreales» tras un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de ese mismo año. Después del requerimiento, Codere reformuló sus resultados reflejando pérdidas de 134 millones de euros.
Del mismo modo, se confirman las sanciones del Ministerio de Economía del año 2014 y de la Audiencia Nacional de 2019 por una infracción «muy grave» al enviar a la CNMV las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012 con «datos inexactos o no veraces».
Seis escritos
Una sentencia que sienta un precedente en cuanto a responsabilidad de los auditores en la presentación de cuentas, pero que además llega en un momento crítico para el futuro de Codere. El hecho de que el Supremo haya fallado en un procedimiento contra Codere iniciado por la propia CNMV brinda nuevos argumentos a los fundadores de la empresa que llevan casi dos años denunciando irregularidades en la toma de control del grupo por parte de fondos de inversión.
Los Martínez Sampedro consideran que hay pruebas suficientes que demuestran que este control no se consiguió respetando la ley y han presentado seis escritos ante el regulador con nuevas pruebas, incluyendo un discovery realizado en EEUU que permitió acumular pruebas.
Los socios fundadores piden una investigación a la CNMV, regulador que por el momento solo se ha limitado a pedir información administrativa a los actuales gestores de Codere, pero sin iniciar ninguna investigación formal.
En 2018 los fondos se hicieron con la gestión de Codere tras lograr el apoyo de una serie de consejeros independientes. La familia fundadora de Codere -que en 2017 cedió el control accionarial a estos fondos, pero no la gestión- denuncia que estos fondos liderados por Silverpoint (con el 21% del capital) deberían haber lanzado una opa para hacerse con el control.
Creen que este movimiento se produjo tras una concertación entre los fondos para quitar a los Martínez Sampedro de la dirección, al mismo tiempo que los consejeros no actuaron de manera independiente en todo el proceso, sino que al dictado de Silverpoint y los otros tenedores de capital.
El factor Albella
Los fundadores de Codere, que poseen el 18,5% del capital del grupo de juego, solicitaron la intervención la CNMV, «a fin de imponer el cumplimiento de la legalidad» y para que estableciera si hubo incumplimiento, o no, de la ley de opas.
La ley de opas establece que, ante una situación de este tipo, el accionista que toma control del consejo y de la compañía debe lanzar una opa supervisada por la CNMV, que permita al resto de accionistas liquidar su participación frente a este nuevo escenario.
¿Por qué no ha actuado la CNMV? «Como con todos los escritos que recibimos, estamos estudiando lo que dicen y cuando terminemos el análisis, les contestaremos», indicaron desde el regulador a este diario.
No obstante, la tesis de los fundadores de Codere es que Albella y su equipo no están actuando con la celeridad que debieran en el tema, por sus vinculaciones con el despacho de abogados Linklaters.
Albella fue director de la oficina de este bufete en Madrid hasta 2016, fecha en la que se incorporó a la CNMV. Hasta esta fecha asesoró a Codere en la reestructuración de su deuda y posteriormente, el despacho siguió trabajando con Silverpoint.
Despacho Linklaters
En 2014, un grupo de fondos de inversión compraron la deuda bancaria y los bonos de Codere y negociaron con los Martínez Sampedro la refinanciación de su deuda forzando una reestructuración financiera e imponiendo el canje de la mayor parte de esa deuda por acciones, mediante una ampliación de capital. Un proceso asesorado por Linklaters y en el que Albella estuvo inmerso.
Ante las denuncias de los fundadores de Codere, desde el entorno de Linklaters se indica que la influencia de Albella fue mínima y que su participación solo llegó al 1% del total de tiempo dedicado por el despacho a esta asesoría.
No obstante, y polémicas aparte, los Martínez Sampedro sostienen que lo mínimo que merece esta situación es una investigación a fondo y que el último fallo del Supremo demuestra que la CNMV no tiene ninguna excusa para no ponerse manos a la obra como ya pasó en 2012. La pelota vuelve a estar en el tejado de Albella.
Fuente: elespanol.com
